La justicia autoriza el rastreo de las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro durante los últimos 20 años

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha dictado un auto por el cual autoriza la investigación de los movimientos bancarios del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de seis personas de su entorno cercano. La medida judicial afecta a un total de 24 entidades financieras y comprende el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, con el objetivo de hallar indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales.

La resolución judicial requiere a las entidades bancarias —entre las que se encuentran el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja e ING Bank, entre otras— la entrega de información exhaustiva. El magistrado solicita el detalle de todas las cuentas activas o canceladas, ficheros de transferencias internacionales, relación de cheques y efectos emitidos o cobrados, así como documentación sobre planes de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos durante las últimas dos décadas.

Esta diligencia se enmarca en una causa que se inició en el año 2018 y que ha permanecido bajo secreto de sumario durante siete años. La investigación trata de determinar si existió una estructura destinada a que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Montoro, promoviera cambios legislativos favorables a determinados sectores económicos, especialmente el gasista, a cambio de pagos millonarios al despacho de consultoría Equipo Económico, firma fundada por el propio exministro.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a las 28 personas investigadas en este procedimiento una batería de delitos que incluye cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental. Para garantizar la reserva de las actuaciones, el juez ha ordenado que los bancos tramiten estas solicitudes a través de sus servicios centrales y ha autorizado a los Mossos d’Esquadra para requerir información complementaria de forma directa.

Tras el levantamiento del secreto de sumario el pasado mes de julio, el juzgado ha comenzado a programar las primeras comparecencias. Entre el 30 de abril y el 12 de mayo están citados los primeros ocho investigados, entre los que destacan directivos de la empresa Messer Ibérica, como Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, además de otros perfiles vinculados a la trama. En este primer calendario de declaraciones no se ha incluido, por el momento, ni a Cristóbal Montoro ni a sus socios principales en la consultoría objeto de examen.

Con esta medida, la instrucción busca consolidar las pruebas documentales sobre el flujo de capitales antes de proceder a fases más avanzadas del proceso, manteniendo el foco en la relación entre las decisiones normativas adoptadas en el periodo investigado y los ingresos percibidos por el entorno profesional del ex titular de Hacienda.