Vox propone la retirada de la nacionalidad a condenados por pertenencia a bandas y Ayuso rechaza la iniciativa por falta de competencia

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita que los ciudadanos extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española la pierdan de forma automática si cuentan con una condena firme por pertenencia a organización criminal. La iniciativa parlamentaria, liderada por la portavoz Isabel Pérez Moñino, incluye además la petición de que estos individuos sean expulsados del territorio nacional una vez se produzca la resolución judicial.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado el voto negativo de su formación ante esta propuesta. A través de un mensaje institucional, la jefa del Ejecutivo regional ha argumentado que la administración autonómica carece de competencias para legislar sobre la nacionalidad española y ha instado a Vox a trasladar este debate a las Cortes Generales. «No haremos perder el tiempo a nadie: votaremos no», ha señalado Ayuso, quien ha subrayado que «lo primero que debe hacer un criminal es cumplir condena».

Fundamentos de la iniciativa legislativa

La formación impulsora de la PNL sostiene que la Comunidad de Madrid atraviesa un escenario de «aumento sostenido de la criminalidad», con especial incidencia en delitos de asesinato y tráfico de drogas vinculados a grupos criminales estructurados. Según el texto de Vox, la actividad de estas organizaciones presenta una creciente capacidad de intimidación y daño social, lo que a su juicio requiere una respuesta normativa contundente.

Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa se ampara en el artículo 11 de la Constitución Española, que delega en el legislador la determinación de las causas por las que se puede perder la nacionalidad adquirida. Asimismo, el partido apela al artículo 25.2 de la Carta Magna, argumentando que la orientación de las penas de privación de libertad no impide la adopción de medidas adicionales de carácter administrativo y de extranjería frente a delitos de especial gravedad.

Posicionamiento del Ejecutivo regional

La negativa del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara madrileña, imposibilita que la propuesta prospere en el ámbito autonómico. La presidenta Ayuso ha recalcado que el foro competente para abordar modificaciones en el Código Civil o en la Ley de Extranjería es el Congreso de los Diputados y el Senado. En este sentido, ha animado a los representantes de Vox a utilizar sus grupos parlamentarios a nivel estatal para canalizar dicha reclamación legislativa.

Con este rechazo, el Ejecutivo regional mantiene su línea de no interferencia en asuntos que competen exclusivamente a la soberanía nacional y al marco legislativo del Estado, evitando así la apertura de debates competenciales en la Asamblea de Madrid sobre materias de derecho civil y penal internacional.