La defensa de Begoña Gómez denuncia ante el CGPJ la falta de notificación de la apertura de juicio oral
El letrado Antonio Camacho, representante legal de Begoña Gómez, ha presentado este domingo una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Juan Carlos Peinado. La defensa alega una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva tras haber tenido conocimiento de la apertura de juicio oral y de la imposición de medidas cautelares a través de los medios de comunicación, antes de recibir la notificación oficial por los cauces procesales establecidos.
En el escrito remitido al órgano de gobierno de los jueces, la defensa califica de «grave irregularidad» el hecho de que las resoluciones judiciales, presuntamente dictadas el sábado 20 de junio de 2026, no fueran comunicadas a las partes de forma simultánea a su difusión pública. El abogado Camacho subraya que esta situación contraviene los principios y garantías del proceso penal en un Estado de derecho, al privar a la defensa del conocimiento inmediato de decisiones que afectan a los derechos fundamentales de su representada.
Las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado incluyen la retirada del pasaporte de Gómez, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Estas disposiciones se enmarcan en el auto de apertura de juicio oral por cuatro presuntos delitos. Camacho ha solicitado al CGPJ que inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias bajo las cuales se dictaron estas resoluciones y los motivos técnicos o procesales por los que no se procedió a su notificación reglamentaria.
Paralelamente, la Comisión Permanente del CGPJ tiene previsto analizar este lunes si procede la apertura de un expediente disciplinario al juez Peinado. Este análisis surge a raíz de las manifestaciones vertidas por el magistrado en su auto, donde sugería que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la escolta de Gómez podrían colaborar en una eventual fuga de la investigada.
Dicha investigación administrativa se centraría en una posible «falta grave de consideración» hacia los funcionarios que ejercen funciones de Policía Judicial, conducta que se encuentra tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El escrito de la defensa concluye instando al Consejo a adoptar las «medidas oportunas» si se acredita que estas actuaciones suponen un funcionamiento anormal del órgano judicial encargado de la instrucción.
