El Gobierno descarta la tecnología satelital en el nuevo contrato de pulseras antimaltrato por limitaciones técnicas

El Gobierno de España ha descartado la incorporación de conexión móvil por satélite en el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores. Según una respuesta parlamentaria dirigida al Grupo Popular, el Ejecutivo argumenta la existencia de «limitaciones técnicas relevantes» y la falta de operatividad comercial de la tecnología necesaria en el territorio nacional para justificar su exclusión del actual proceso de contratación.

La respuesta escrita, recogida en sede parlamentaria, detalla que la tecnología denominada «Direct to Cell», que permitiría la conexión directa de dispositivos a satélites de órbita baja, se encuentra todavía en fase de pruebas desde el pasado mes de febrero. El Ejecutivo subraya que, en el momento de redactar la licitación, no existían operadores en España que proporcionasen este servicio de forma comercial, lo que impide su exigencia como requisito técnico en el contrato de seguimiento integral.

Esta aclaración surge tras una batería de preguntas del Partido Popular, en las que se cuestionaba por qué el nuevo pliego no exige cobertura satelital a pesar de contar con un presupuesto base suficiente. La formación de la oposición sostiene que tecnologías como la «3GPP Release 17″ están ampliamente extendidas y que su ausencia deja desprotegidas a las víctimas en zonas rurales o de montaña, creando, a su juicio, «víctimas de primera y segunda clase» dependiendo de la cobertura terrestre disponible.

Frente a estas críticas, el Gobierno ha pormenorizado los inconvenientes técnicos de la comunicación satelital actual. Entre ellos, destaca la necesidad de «visibilidad directa sin obstáculos» entre el dispositivo y el satélite, lo que reduce la eficacia del sistema en el interior de edificios, vehículos o bajo condiciones atmosféricas adversas. Asimismo, el informe técnico señala un mayor consumo energético que comprometería la autonomía de las pulseras, un factor crítico para la seguridad constante de las usuarias.

El nuevo contrato para el sistema de seguimiento telemático de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269 euros. Esta cifra podría alcanzar los 111.100.438 euros en caso de ejecutarse las prórrogas previstas, extendiendo la duración del servicio hasta un máximo de 60 meses. El pliego abarca tanto el sistema de telecomunicaciones como la monitorización y control a través de la denominada Sala Cometa.

El Ejecutivo ha precisado que, una vez la tecnología satelital culmine su fase de evolución y despliegue efectivo, se valorarán sus posibilidades reales de aplicación. Por el momento, el contrato se centrará en optimizar la infraestructura de procesamiento de datos y software existente. Se realizarán los ajustes necesarios para integrar los dispositivos actuales en la nueva solución técnica, con el objetivo de subsanar los fallos en el Sistema Cometa que fueron advertidos por la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual.