El Grupo Popular ha logrado sortear el bloqueo de la Mesa del Congreso para incluir en el orden del día de la próxima semana una iniciativa que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Para alcanzar este objetivo, la formación ha recurrido a una fórmula técnica consistente en rescatar un texto previamente calificado por el órgano de gobierno de la Cámara, originalmente presentado por Junts per Catalunya, lo que ha dificultado un nuevo veto por parte de la mayoría que ostentan el PSOE y Sumar en la Mesa.
La moción, que será sometida a debate en el último pleno ordinario programado para los días 23, 24 y 25 de junio, ha sido objeto de una intensa revisión técnica. Si bien el órgano rector de la Cámara ha dado luz verde al punto relativo a la cuestión de confianza, ha rechazado otros dos apartados de la propuesta original del Partido Popular que solicitaban formalmente la convocatoria de elecciones generales y la dimisión en bloque del actual Ejecutivo.
El texto admitido insta específicamente al jefe del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con las prerrogativas que le confiere la Constitución Española. Los populares fundamentaron su estrategia en la reproducción literal de una iniciativa que la Mesa ya había admitido a trámite en febrero de 2025 a petición de Junts, alegando que un rechazo en esta ocasión incurriría en una contradicción administrativa y jurídica por parte de la institución.
A pesar de la validación de este punto, la Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Francina Armengol, mantuvo el criterio de excluir las menciones directas a la disolución de las Cortes. Según fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara indicaron que las peticiones de convocatoria electoral y dimisión del Gobierno afectan a competencias reservadas constitucionalmente de forma exclusiva a la presidencia del Gobierno, lo que motivó su inadmisión tras una ronda de consultas el pasado viernes.
La iniciativa del Grupo Popular surge en un contexto de creciente tensión parlamentaria, donde la oposición busca forzar un pronunciamiento del hemiciclo sobre la estabilidad de la legislatura antes del receso estival. Además del punto sobre la confianza, la Cámara también debatirá otros apartados de la moción que reprueban supuestos intentos de «censura» en el debate de iniciativas y denuncian la situación de bloqueo político que, a juicio de los proponentes, atraviesa la actual legislatura.
Esta maniobra reglamentaria se produce simultáneamente a los anuncios de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de diversos grupos de la oposición, quienes cuestionan los criterios de calificación de la Mesa. Mientras el Partido Popular defiende su derecho a orientar la política nacional a través de estas mociones, la mayoría de la Mesa sostiene la necesidad de ajustar las propuestas al marco de competencias que establece el ordenamiento constitucional para cada poder del Estado.
