Las investigaciones judiciales que afectan al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y la presunta trama vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comparten un nexo logístico en el centro de Madrid. Ambas redes bajo sospecha utilizaron como bases de operaciones dos inmuebles situados en la misma zona del barrio de Salamanca, los cuales son propiedad de dos hermanas, según consta en los detalles de las pesquisas desarrolladas por las fuerzas de seguridad.
La coincidencia geográfica se sitúa en los números 35 y 36 de la calle Diego de León. En el número 36 se ubicaba el centro operativo de la presunta red relacionada con la SEPI, alquilado por su expresidente, Vicente Fernández Guerrero. Aunque el contrato correspondía a una vivienda, el inmueble funcionaba presuntamente como despacho y punto de reunión para coordinar actividades que están siendo analizadas por la justicia en relación con la concesión de rescates y contratos públicos.
A escasos metros, en el número 35 de la misma vía, residía Julito Martínez Martínez, señalado en la investigación como presunto testaferro vinculado a la operativa del rescate de Plus Ultra y al entorno familiar del expresidente Zapatero. En este ático de lujo se encontraba la sede social de Análisis Relevante, una mercantil que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para canalizar flujos económicos procedentes de la aerolínea hacia cuentas relacionadas con el círculo del exmandatario.
La simultaneidad de las actuaciones judiciales alcanzó su punto álgido el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que se ejecutaron registros en ambos domicilios de forma coordinada. Mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervenía en el número 36, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional procedían a la detención de Martínez en el número 35. Durante esta última intervención, los agentes localizaron 286.070 euros en efectivo ocultos en diversas estancias y objetos de la vivienda.
A pesar de compartir propiedad familiar, el arrendamiento de los inmuebles se produjo mediante negociaciones independientes y en periodos temporales distintos. En el caso del ático ocupado por Julito Martínez, el contrato se formalizó en septiembre de 2021 a través de su secretario personal. Por su parte, el piso vinculado a la trama de la SEPI tuvo un arrendamiento de aproximadamente un año, caracterizado por el escaso interés del inquilino en las condiciones de habitabilidad, lo que reforzó la tesis policial sobre su uso estrictamente operativo.
Los propietarios de las viviendas han desvinculado cualquier relación entre los inquilinos, calificando la situación como una coincidencia contractual. Según han manifestado, no tuvieron conocimiento de la presunta actividad ilícita que se desarrollaba en las propiedades ni de la conexión entre ambos casos hasta que las operaciones policiales y las informaciones periodísticas hicieron públicos los detalles de las investigaciones que sitúan bajo el foco judicial a figuras cercanas a la estructura del PSOE.
