La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol de responsabilidad penal por su estado de salud
El tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado este lunes eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol i Soley. La decisión se ha tomado tras constatar que el exdirigente, de 95 años, padece un deterioro cognitivo que le impide ejercer su derecho a la defensa en el proceso judicial.
El anuncio ha sido realizado por el presidente del tribunal tras una comparecencia presencial de Pujol en la sede de San Fernando de Henares, en Madrid. Durante la jornada, el expresidente se ha sometido a un nuevo reconocimiento médico y ha mantenido una breve entrevista con los magistrados, en presencia del médico forense y de su representación legal. Tras esta evaluación, el tribunal ha determinado que Pujol queda formalmente «fuera del procedimiento».
La resolución judicial se apoya en los informes médicos previos realizados en Barcelona, los cuales diagnosticaron al expresidente un «trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto», con componentes de Alzheimer y de patología vascular. Según las conclusiones facultativas remitidas a la Audiencia Nacional, este cuadro es irreversible y progresivo, lo que anula la capacidad procesal del acusado para afrontar el juicio con plenas garantías.
Hasta este momento, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para Jordi Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros. Se le imputaban delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, bajo la tesis de que lideró una estructura familiar dedicada a obtener beneficios económicos ilícitos aprovechando su posición política al frente de la Generalitat durante décadas.
Pese a la exclusión del patriarca, el juicio continúa para el resto de los acusados. La causa se mantiene contra sus siete hijos —Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia— y otros 15 presuntos colaboradores, entre ellos varios empresarios. El Ministerio Público sostiene que el grupo familiar gestionó una fortuna oculta en Andorra cuya procedencia no se corresponde con la herencia familiar alegada, sino con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La mayor petición de pena recae sobre el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía solicita 29 años de cárcel. Se le atribuyen delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, delitos fiscales y frustración de la ejecución, al considerársele el principal gestor de los fondos y las sociedades instrumentales utilizadas por la familia.
El tribunal ha iniciado ya la fase de declaraciones del resto de los encausados, en una vista oral que pretende esclarecer décadas de movimientos financieros bajo sospecha y el presunto uso de operativas de blanqueo para ocultar el origen de los fondos en el extranjero.
