Vox prevé aumentar la exigencia al PP en Castilla y León en función de su representatividad electoral
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes la intención de su formación de incrementar el nivel de exigencia en las negociaciones con el Partido Popular para la conformación de un gobierno de coalición en Castilla y León. Según ha explicado en rueda de prensa, el partido considera que su peso electoral en esta comunidad autónoma permite «apretar un poco más» en comparación con los acuerdos alcanzados previamente en Extremadura y Aragón.
La estrategia de la formación dirigida por Santiago Abascal se fundamenta en los resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas. Aunque en Castilla y León y en Aragón el partido cuenta con el mismo número de escaños (14), el porcentaje de voto en la comunidad castellanoleonesa fue superior, alcanzando el 18,9% frente al 17,9% aragonés. Esta diferencia, a juicio de Fúster, legitima una posición de mayor fuerza en la mesa de negociación.
Desde la sede nacional de la formación en la calle Bambú, el portavoz ha reconocido que las conversaciones con los populares en Castilla y León se están desarrollando a un ritmo inferior al previsto. «Van más despacio de lo que nos gustaría», ha matizado Fúster, subrayando que el objetivo es hacer valer el incremento de representatividad que el partido ha experimentado en cada proceso negociador autonómico.
El histórico de pactos recientes sirve de referencia para las pretensiones de Vox. En Aragón, la formación se hizo con una vicepresidencia con consejería y dos departamentos adicionales, mientras que en Extremadura, con 11 parlamentarios, obtuvo una vicepresidencia y una consejería. Vox busca ahora que el nuevo organigrama en Castilla y León refleje de manera más nítida su cuota de pantalla electoral respecto a estos precedentes.
Esta nueva fase de acercamientos se produce tras la ruptura de los gobiernos de coalición que ambas formaciones mantenían en estas tres autonomías desde los comicios de 2023. La separación se produjo hace un año debido a las discrepancias de fondo respecto a la política de acogida de menores inmigrantes no acompañados, un punto que supuso el fin de la colaboración institucional en dichas regiones y que ahora sobrevuela el marco de las nuevas conversaciones.
