La presidencia de la Audiencia Nacional delimita el alcance de los interrogatorios en el juicio del caso Kitchen
Las sesiones del juicio por el denominado caso Kitchen en la Audiencia Nacional han quedado marcadas en las últimas jornadas por la recurrente tensión entre la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, y la letrada de la acusación popular ejercida por el PSOE, Gloria de Pascual. La dirección del plenario ha priorizado el ajuste estricto de los interrogatorios a los hechos recogidos en los escritos de acusación —la presunta trama parapolicial para sustraer información sensible al extesorero Luis Bárcenas—, evitando derivaciones hacia el caso Gürtel o cuestiones ajenas al objeto del proceso.
Durante la comparecencia de este lunes, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó ante el tribunal cualquier conocimiento o participación en la supuesta operación. La ex número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó de forma tajante que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo su supervisión en aquel periodo, hubiera colaborado en la trama investigada. Sin embargo, el foco de la sesión se desplazó hacia el control del interrogatorio cuando la letrada socialista inquirió sobre la edad y el color de pelo de la entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta, María González Pico.
Ante estas preguntas, la magistrada Palacios intervino para cuestionar la trascendencia de tales detalles en relación con los delitos juzgados. La abogada de la acusación justificó su relevancia basándose en una transcripción de un audio del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Tras permitir brevemente la continuación de la línea de preguntas bajo protesta, la presidencia del tribunal manifestó su extrañeza por el cariz de las cuestiones, subrayando la necesidad de centrar el debate en los hechos que motivan la apertura de la vista oral.
Esta dinámica no es aislada, sino que se ha repetido en las declaraciones de otros testigos de alto perfil institucional. En la jornada del pasado jueves, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, también protagonizaron momentos de fricción procesal. La magistrada impidió que Rajoy respondiera sobre la presunta entrega de sobres económicos, alegando que tales extremos no forman parte de la causa Kitchen, lo que motivó la protesta formal de la representación del PSOE.
En el caso de Cospedal, la presidencia del tribunal fue especialmente taxativa al rechazar comentarios de la acusación sobre la fallecida Rita Barberá. La exministra de Defensa defendió que sus reuniones con Villarejo buscaban esclarecer supuestas filtraciones y sospechas de espionaje interno al partido. Por su parte, la magistrada Palacios insistió en que el tribunal no juzga el caso Gürtel, instando a las partes a no desbordar el marco temporal de la operación Kitchen, acotado entre los años 2013 y 2015.
El rigor en la conducción del juicio también afectó a la declaración de Ignacio López del Hierro. Debido a su anterior condición de investigado en la causa —sobreseída con posterioridad—, la jueza veló por su derecho a no declarar sobre extremos que pudieran ser incriminatorios ante una eventual reapertura. La presidencia reiteró que su labor es garantizar que el relato de la acusación se mantenga dentro de los límites legales establecidos, evitando que la complejidad de las tramas políticas precedentes contamine el procedimiento actual.
