La Audiencia Nacional investiga una presunta red de fraude en la concesión de visados en el Consulado de España en Argel

La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación formal sobre una presunta organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de visados en el Consulado General de España en Argel. La operación, que ha supuesto la detención del canciller de la legación, Vicente Moreno, y de un trabajador local de nacionalidad argelina, sitúa el foco sobre una trama que habría facilitado la entrada en el espacio Schengen a cambio de elevadas sumas de dinero, estimadas en unos 25.000 euros por grupo familiar.

La magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha imputado a los detenidos cinco cargos: organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documento oficial, cohecho y fraude en la expedición de visados. Los arrestos se produjeron en las localidades de Sagunto (Valencia) y Torrevieja (Alicante), aprovechando la estancia de los implicados en territorio nacional. Tras pasar a disposición judicial, ambos han quedado en libertad con medidas cautelares y la prohibición expresa de abandonar el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación atraviesa una jornada de especial preocupación institucional ante la gravedad de los hechos. Fuentes diplomáticas señalan que, si bien existían denuncias internas previas sobre irregularidades en la sede de Argel durante mandatos consulares anteriores, estas no prosperaron en su momento. La envergadura del proceso ha generado inquietud en el departamento que dirige José Manuel Albares, dado que el caso supone una intervención judicial directa sobre personal de carrera y personal laboral en una legación estratégica.

En el marco de las diligencias, la instructora ha ordenado al Ministerio la conservación íntegra de los expedientes administrativos y de las comunicaciones corporativas vinculadas a la concesión de los visados bajo sospecha. Durante los registros, los agentes de la autoridad intervinieron cerca de 11.000 euros en efectivo, dispositivos informáticos y numerosos soportes de memoria digital. Asimismo, se ha procedido al bloqueo preventivo de un inmueble en Madrid y de diversos activos financieros vinculados a la presunta red delictiva.

El caso trasciende el ámbito penal para afectar a la operativa diplomática y comercial. Grupos de empresarios españoles radicados en Argelia habían remitido recientemente comunicaciones anónimas a la embajada advirtiendo sobre el deterioro del funcionamiento del consulado. Según estas misivas, la gestión de la oficina no solo presentaba irregularidades administrativas, sino que estaba dificultando la actividad económica de las empresas españolas debido a la denegación sistemática de visados profesionales legítimos, lo que favorecía a competidores de otros países europeos y asiáticos.

La investigación continúa abierta y bajo supervisión judicial. Se espera que el análisis de los soportes informáticos incautados y la revisión de los expedientes solicitados a Exteriores permitan determinar el alcance total de la trama y si existen más ramificaciones dentro o fuera de la sede consular en Argelia. Por el momento, el Ministerio ha reforzado la vigilancia sobre los procedimientos de expedición en la región para garantizar la transparencia del servicio público.