Un sondeo interno del PP cifra en un 40% el apoyo de los votantes socialistas a la «prioridad nacional»
Un estudio demoscópico interno elaborado por el Partido Popular indica que aproximadamente el 40% de los electores del PSOE respalda el principio de «prioridad nacional» en la concesión de ayudas sociales. Según los datos de este sondeo, este apoyo transversal entre bloques habría servido de base técnica a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo para validar la inclusión de dicho concepto en los pactos de gobierno suscritos con Vox en las comunidades de Extremadura y Aragón, aunque bajo condiciones específicas de residencia y arraigo.
La encuesta, que analiza la percepción ciudadana sobre la gestión de la inmigración y los servicios públicos, revela además que un 30% de los votantes de Pedro Sánchez considera que los inmigrantes saturan los servicios sociales. En una línea de mayor restricción, dos de cada diez encuestados que se declaran afines al Partido Socialista sostienen que las personas en situación irregular no deberían tener derecho a percibir prestaciones sociales de carácter público.
Desde la dirección nacional del Partido Popular, encabezada por el secretario general, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete, Marta Varela, se ha subrayado que la incorporación de este término en los acuerdos de coalición no es una concesión ideológica plena a Vox, sino una medida «matizada». Los populares explican que intervinieron en las negociaciones para asegurar que la «prioridad nacional» estuviera estrictamente supeditada al cumplimiento de la legalidad vigente, vinculándola a criterios de arraigo y residencia efectiva, con el fin de evitar colisiones jurídicas.
El análisis estratégico que maneja Génova sugiere que el debate sobre la inmigración irregular está afectando especialmente a las clases sociales más modestas, un sector del electorado tradicionalmente cercano a los postulados de la izquierda. Según fuentes internas de la formación, la detección de este alejamiento entre una parte de la base socialista y las políticas migratorias del Ejecutivo central permitiría al PP abrir una vía de captación de voto de centro-izquierda disconforme con la gestión actual.
En el marco de la política parlamentaria nacional, el estudio también observa un cambio de tendencia en las formaciones independentistas catalanas. El informe señala que el rechazo de Junts a las medidas migratorias del Gobierno de coalición responde a la necesidad de contrarrestar el ascenso de formaciones como Aliança Catalana, que ha ganado predicamento en Cataluña con un discurso crítico hacia la inmigración.
Finalmente, frente a las críticas recibidas por parte del Gobierno y sus socios parlamentarios, quienes consideran el concepto de «prioridad nacional» como una medida excluyente, el Partido Popular se ha remitido a los resultados de su sondeo para defender su posición. La formación sostiene que su estrategia migratoria cuenta con un respaldo social que trasciende sus propias siglas, desafiando incluso al Ejecutivo a trasladar estos acuerdos ante la Justicia si consideran que vulneran el ordenamiento constitucional.
