Los hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, han ratificado este miércoles ante la Audiencia Nacional que los fondos localizados en Andorra tienen su origen en un legado de su abuelo, Florenci Pujol. Durante su declaración, Marta, Mireia, Oriol, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola han sostenido que dicha fortuna era «opaca» y no figuraba en el testamento oficial para evitar su declaración ante la Hacienda pública, desvinculando en todo momento a su padre de la gestión o conocimiento de estos activos.
Marta Pujol Ferrusola ha explicado ante el tribunal que la ausencia del legado en las últimas voluntades de su abuelo respondía a su carácter no declarado. Según su testimonio, el capital no formaba parte de la herencia oficial y permaneció oculto hasta que, en la década de los noventa, se procedió a su reparto entre los siete hermanos. Los comparecientes han coincidido en señalar que Florenci Pujol decidió dejar este patrimonio a su nuera, Marta Ferrusola, y a sus nietos, debido a la preocupación que le generaba la dedicación política de su hijo Jordi Pujol.
En cuanto a la cuantía y evolución de los fondos, los hermanos han detallado que el legado inicial, depositado en 1980, ascendía a 140 millones de pesetas en dólares. Bajo la gestión del hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, esta cifra habría alcanzado los 500 millones de pesetas en 1990 mediante inversiones en activos financieros. El reparto definitivo se habría efectuado entre 1992 y 2000, momento en el que cada hermano abrió cuentas personales en la entonces Banca Reig para recibir aproximadamente 62 millones de pesetas cada uno.
Respecto al uso de estructuras societarias y fundaciones en Panamá, los hijos del expresidente han argumentado que se trataron de medidas recomendadas por sus asesores bancarios en 2012. Según Oleguer y Mireia Pujol, la apertura de cuentas a nombre de fundaciones como Doneran, Doral International o Kamala buscaba preservar la privacidad de los titulares frente a posibles filtraciones de empleados bancarios y evitar la aplicación de nuevos impuestos sobre el ahorro en el Principado, negando que el objetivo fuera incrementar la opacidad ante requerimientos judiciales.
La defensa de los hermanos ha hecho especial hincapié en la ausencia de tráfico de influencias. Todos los comparecientes han negado haber utilizado su posición familiar para mediar ante funcionarios o autoridades en beneficio propio. Pere Pujol, consultado por su actividad en la empresa Entorn, ha precisado que la mayoría de su facturación provenía del sector privado y que las adjudicaciones públicas recibidas no guardaban relación con las áreas de responsabilidad de su hermano Oriol en la administración autonómica.
Por su parte, Oriol Pujol ha atribuido la imputación inicial de su esposa a la existencia de informes policiales que ha calificado de «apócrifos». Ha señalado que estas informaciones, que vinculaban a su mujer con cuentas de cuantías millonarias, formaban parte de una estructura diseñada para atribuir titularidades falsas a diversos cargos políticos catalanes. El exsecretario general de CDC ha insistido en que estas acusaciones carecen de base documental veraz en el procedimiento actual.
Finalmente, los hermanos han justificado la regularización fiscal de sus fondos en el año 2014 como una respuesta directa a las publicaciones periodísticas que revelaron la existencia de sus cuentas en Andorra. Marta Pujol ha reconocido que el «pantallazo» publicado en medios de comunicación fue el detonante para proceder a la declaración voluntaria de unos fondos que, hasta ese momento, se habían mantenido al margen de la administración tributaria española.
