El Pleno del Senado rechaza la moción de Vox para instar la ilegalización de EH Bildu

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una moción presentada por el grupo parlamentario Vox que instaba al Gobierno de España a promover los trámites para la ilegalización de EH Bildu. La iniciativa, que no posee carácter legislativo, no ha logrado recabar el apoyo de ninguna otra fuerza política en la Cámara Alta; mientras que el Partido Popular se ha decantado por la abstención, el resto de los grupos parlamentarios han votado en bloque en contra de la propuesta.

La moción de Vox solicitaba el inicio de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, bajo el argumento de que la actividad de la formación abertzale vulnera los principios democráticos y supone un respaldo al terrorismo de forma grave y reiterada. Además de la ilegalización, el texto demandaba reformas legales para asegurar el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo, el endurecimiento de las sanciones por actos de enaltecimiento y el impulso de las investigaciones sobre crímenes de la banda ETA que aún permanecen sin resolver.

Durante la defensa de la iniciativa, los representantes de Vox sostuvieron que EH Bildu no puede disociarse de la trayectoria de la organización terrorista, citando para ello la inclusión de personas con condenas previas en sus listas electorales, mencionando expresamente a su coordinador general, Arnaldo Otegi. Asimismo, la formación liderada por Santiago Abascal denunció que el apoyo parlamentario de la coalición vasca al Ejecutivo central ha derivado en concesiones políticas que, a su juicio, afectan a la unidad nacional y a los derechos de las víctimas del terrorismo.

El Partido Popular justificó su abstención señalando que, con el marco constitucional y la Ley de Partidos vigentes, la ilegalización de la formación no resulta jurídicamente viable en este momento. Desde la bancada popular se advirtió de que apoyar este tipo de iniciativas podría generar «falsas esperanzas» entre las víctimas, instando a Vox a no buscar el impacto mediático. Los populares defendieron que ya se han empleado todos los mecanismos legales posibles para evitar lo que denominan el «blanqueamiento» del terrorismo dentro de la legalidad actual.

Por su parte, el Grupo Socialista votó en contra tras argumentar que la propuesta contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la legislación vigente. El PSOE acusó a Vox de recurrir sistemáticamente al pasado de la banda terrorista con fines de confrontación política, alertando de que plantear medidas de este calado sin justificación jurídica deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. Los socialistas afearon a la formación proponente lo que calificaron como una estrategia de política basada en la agitación.

Desde EH Bildu se denunció que la moción responde a una estrategia de criminalización y uso partidista del dolor de las víctimas, reivindicando su compromiso con la normalización de la convivencia en la sociedad vasca. En una línea similar, grupos como el PNV, ERC, Junts y el BNG rechazaron la propuesta al considerar que carece de encaje jurídico y que supone un intento de ilegalizar formaciones por motivos ideológicos, defendiendo el pluralismo político y el respeto a los resultados de las urnas.

La iniciativa también instaba al Ejecutivo a promover cambios normativos para impedir la flexibilización del régimen penitenciario de los condenados por terrorismo, incluyendo la modificación del artículo 100 del Reglamento Penitenciario, una petición que, al igual que el resto de la moción, ha quedado descartada tras el resultado de la votación en la Cámara Alta.