El Gobierno Vasco concede el tercer grado a los presos de ETA Iglesias Chouzas y Gogeaskoetxea
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión del tercer grado penitenciario a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias «Gadafi», y Eneko Gogeaskoetxea. La decisión, confirmada este jueves por fuentes del Ejecutivo autonómico, supone la progresión a un régimen de semilibertad para ambos internos, quienes cumplen condena en las prisiones de Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa), respectivamente.
Juan Carlos Iglesias Chouzas acumula condenas que superan los 1.120 años de prisión por su participación en 15 asesinatos, entre ellos el del niño de dos años Fabio Moreno en 1991. Cabe destacar que el Ejecutivo vasco ya había otorgado previamente este beneficio a Iglesias Chouzas, aunque dicha resolución fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y posteriormente revocada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Por su parte, Eneko Gogeaskoetxea cuenta con penas que suman más de 360 años de cárcel. Entre los hechos por los que fue sentenciado destaca el intento de atentado contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, acción en la que resultó asesinado el ertzaina Txema Agirre.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha manifestado su rechazo ante estas medidas a través de un comunicado oficial. La asociación califica las concesiones de «fraudulentas» y sostiene que el Gobierno Vasco está facilitando regímenes de semilibertad sin que medie un arrepentimiento «real, público y verificable». Según la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, estas decisiones responden a una política de «vaciamiento progresivo de las cárceles» que no exige una desvinculación efectiva del entorno de la organización terrorista.
La controversia jurídica se centra en el requisito legal del arrepentimiento. Covite critica que la administración autonómica sustente estas progresiones en cartas privadas que, a su juicio, carecen de signos objetivos de desvinculación de la violencia. La asociación recuerda que recientes autos judiciales han anulado beneficios similares a otros internos, como Soledad Iparraguirre y Juan Ramón Carasatorre, al considerar que las manifestaciones genéricas de rechazo a la violencia no son suficientes si no se acompañan de hechos probados.
Ante este nuevo escenario, el colectivo de víctimas ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que interponga los recursos correspondientes para paralizar las concesiones. Argumentan que la justicia debe velar por que el cumplimiento de las penas se ajuste estrictamente a la legalidad vigente, evitando el uso de «atajos» en la aplicación de beneficios penitenciarios para delitos de especial gravedad.
