Se Acabó La Fiesta presenta su programa para Andalucía con la privatización de Canal Sur y rebajas fiscales como ejes
La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Luis Alvise Pérez, ha hecho público su programa electoral para los comicios autonómicos de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo. El documento, compuesto por medio centenar de medidas distribuidas en siete ejes estratégicos, sitúa como prioridades la privatización de los medios de comunicación públicos, la eliminación de impuestos de sucesiones y donaciones, y la reestructuración de la administración autonómica para reducir el gasto público.
Una de las propuestas más destacadas del programa es la privatización de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), incluyendo Canal Sur. Según los cálculos de la formación, esta medida supondría un ahorro anual de 163 millones de euros para las arcas públicas. SALF especifica que, en el proceso de adjudicación a empresas privadas, se dará prioridad a aquellos compradores que se comprometan a conservar la plantilla de trabajadores actual.
Reforma fiscal y apoyo a los autónomos
En el ámbito económico, la formación propone una reducción drástica de la presión fiscal. El programa contempla la aplicación de un tipo del 0% en el IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros anuales, lo que, según sus previsiones, eximiría del pago de este impuesto a la mayoría de trabajadores y pensionistas andaluces. Asimismo, se plantea la eliminación total del impuesto de sucesiones y donaciones que aún permanece en la comunidad.
Para los nuevos autónomos, SALF propone una «cuota cero» durante los tres primeros años de actividad, periodo en el cual la Junta de Andalucía financiaría íntegramente las cuotas de la Seguridad Social. En materia de vivienda, el plan incluye la exención completa de impuestos autonómicos para la compra de la primera vivienda, con el objetivo de convertir a la región en un entorno fiscalmente favorable para los nuevos propietarios.
Reducción del gasto político y administrativo
El programa de Luis Alvise Pérez incluye un ajuste del 70% en el número de altos cargos y asesores de la Junta de Andalucía. Propone la fusión de consejerías y direcciones generales que considere redundantes y la supresión de las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y patronales, estimando un ahorro de 17 millones de euros anuales. Además, se planea eliminar la publicidad institucional, salvo en casos de campañas esenciales de servicio público.
Respecto a la retribución de los cargos públicos, la formación propone que el sueldo del presidente de la Junta y de sus consejeros tenga una parte variable ligada al cumplimiento de objetivos presupuestarios, como el control del déficit y la deuda. Asimismo, se establece un límite de ocho años para el ejercicio de cargos políticos y se exigirá que los candidatos hayan cotizado previamente en el sector privado el mismo número de años que pretendan ejercer en la administración.
Seguridad, Vivienda y Sanidad
En el eje de seguridad, el programa recoge la creación de una ley autonómica contra la ocupación ilegal que permita desalojos policiales en 24 horas y la creación de una base de datos pública de ocupas. En el ámbito migratorio, SALF manifiesta su intención de identificar a inmigrantes en situación irregular para su posterior expulsión, si bien esta competencia corresponde legalmente al Estado central. También se incluye la mejora de las dietas para efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en la región.
En cuanto a la gestión sanitaria, la formación se compromete a reducir las listas de espera a un máximo de 30 días para especialistas y 90 para cirugía programada, mediante el uso de quirófanos en horario de tarde y conciertos con la sanidad privada. El programa introduce además la prioridad en la atención para los cotizantes de la Seguridad Social y la eliminación de las intervenciones de cambio de sexo de la cartera de servicios públicos, derivando esos recursos a planes de prevención del suicidio.
Finalmente, en materia de lucha contra la corrupción, SALF propone incentivar las denuncias ciudadanas y de funcionarios mediante un premio económico equivalente al 10% del dinero recuperado en actividades ilícitas, el cual estaría libre de impuestos para el denunciante.
