La FEMP denuncia falta de recursos y critica las tasas en el proceso de regularización de extranjeros
La portavoz de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado la disconformidad de la institución con la gestión del Gobierno central respecto al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La organización municipalista, presidida por María José García Pelayo, critica la ausencia de dotación económica para las administraciones locales y el cobro de tasas administrativas a las personas en situación de vulnerabilidad.
Según los cálculos difundidos por la FEMP, el Estado podría obtener una recaudación estimada de entre 20 y 40 millones de euros mediante el cobro de una tasa de 38,28 euros por cada expediente tramitado. Chueca ha señalado que, mientras el Ejecutivo central percibe estos ingresos, los ayuntamientos se ven obligados a incrementar sus presupuestos para cubrir horas extraordinarias y refuerzos de personal en servicios sociales y oficinas de atención ciudadana para dar respuesta a la demanda de tramitación.
Desde la portavocía de la federación se ha calificado la medida como contradictoria, al considerar que el real decreto asimila la situación de irregularidad administrativa con la vulnerabilidad social, pero mantiene una carga impositiva para los solicitantes. Ante esta situación, la FEMP ha remitido escritos a las delegaciones del Gobierno y a los ministerios competentes solicitando una aclaración sobre los criterios objetivos para certificar dicha vulnerabilidad y exigiendo la transferencia de recursos materiales y económicos.
La crítica institucional también se centra en la falta de una memoria económica que acompañe a la normativa. Los entes locales argumentan que el Gobierno ha trasladado la responsabilidad de la gestión a los ayuntamientos, fundaciones y entidades del Tercer Sector sin previo aviso ni coordinación presupuestaria. Además, denuncian que la presión sobre los servicios de acogida municipales se ve agravada por la existencia de plazas estatales de protección internacional que, según afirman, permanecen sin utilizar.
Finalmente, la representante de la FEMP ha contrastado el modelo actual con procesos de regularización realizados en legislaturas anteriores, los cuales estaban vinculados a la existencia de un contrato de trabajo y a las necesidades del mercado laboral. Para la organización, el procedimiento vigente carece de la planificación necesaria y genera una carga estructural sobre los servicios de educación y servicios sociales que deben ser asumidos de forma definitiva por las comunidades autónomas y los municipios.
