La Comisión Europea analiza el uso de fondos comunitarios en contratos de tecnología Huawei para el sistema SITEL

El Ministerio del Interior ha destinado al menos 12 millones de euros a la adquisición de material informático de la firma china Huawei para las redes críticas de su sistema de interceptación legal de las telecomunicaciones, conocido como SITEL. La Comisión Europea ha iniciado un seguimiento sobre estos contratos ante la posibilidad de que hayan sido sufragados mediante los fondos de recuperación Next Generation, en un momento en que Bruselas impulsa el veto a proveedores considerados de alto riesgo en sectores estratégicos.

La trazabilidad de la financiación europea en este ámbito presenta complejidades técnicas, dado que gran parte de los expedientes relacionados con la seguridad del Estado se tramitan bajo la condición de contratos reservados. No obstante, fuentes del Parlamento Europeo han confirmado la localización de expedientes de la Dirección General de la Policía cofinanciados por la Unión Europea, entre los que destaca una ampliación de capacidades de almacenamiento adjudicada en 2024.

Ampliación de capacidades y seguridad nacional

El contrato más reciente vinculado a esta tecnología contempla la adquisición de componentes electrónicos para las cabinas de almacenamiento OceanStor 6800 V5 de Huawei. Estos dispositivos son fundamentales para el funcionamiento de SITEL, la plataforma técnica que permite el cumplimiento de las órdenes judiciales de escucha y vigilancia electrónica en España.

La integración de este equipamiento ha generado valoraciones internas de carácter preventivo en sectores de la seguridad del Estado. Diversos informes técnicos advierten sobre la dependencia de tecnología de terceros países ajenos a la Alianza Atlántica en infraestructuras que gestionan información sensible de inteligencia y seguridad nacional.

Marco normativo y plazos de retirada

La postura de las instituciones europeas se ha alineado progresivamente con la de administraciones como la de Estados Unidos, que mantiene restricciones severas a la participación de gigantes tecnológicos chinos en sus redes nacionales. El pasado mes de enero, la Comisión Europea publicó un borrador de revisión de la Ley de Ciberseguridad que establece la retirada obligatoria de proveedores de alto riesgo de las redes 5G y de otros 18 sectores identificados como clave.

Según la normativa en fase de desarrollo, una vez que se apruebe la lista definitiva de compañías restringidas, los Estados miembros y sus operadores dispondrán de un plazo de 36 meses para sustituir los componentes instalados en activos calificados como estratégicos. Esta medida afectará no solo a las telecomunicaciones móviles, sino también a servicios de computación en la nube, semiconductores y equipos de vigilancia.

Precedentes en otros sectores estratégicos

El control sobre la procedencia de la tecnología ya se está aplicando de forma sistemática en otros ámbitos. En el sector de las energías renovables, las autoridades comunitarias han ampliado el veto a la compra de inversores procedentes de China para parques fotovoltaicos. En España, Huawei mantiene actualmente una cuota de mercado cercana al 35% en este tipo de dispositivos.

Países como Alemania, Francia, Suecia y el Reino Unido ya han adoptado restricciones explícitas o recomendaciones de exclusión para proveedores extranjeros en sus despliegues de infraestructuras críticas, fundamentando sus decisiones en la necesidad de garantizar la soberanía tecnológica y la protección de datos ciudadanos ante posibles injerencias externas.