El Senado reprobará a la ministra Sara Aagesen por la gestión del apagón de abril y la política energética
El Pleno del Senado tiene previsto aprobar este miércoles una moción del Grupo Popular para reprobar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. La iniciativa, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, reclama el cese inmediato de la titular del Ministerio al considerar que su gestión durante el apagón eléctrico del pasado 28 de abril y su política energética han comprometido la transparencia y la seguridad del suministro en España.
Con esta votación, Aagesen se convertirá en la novena integrante del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez en recibir la censura del Senado en la presente legislatura. Se suma así a una lista de ministros reprobados que incluye a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Félix Bolaños (Justicia), Óscar Puente (Transportes), José Manuel Albares (Exteriores), Mónica García (Sanidad), Isabel Rodríguez (Vivienda), Ana Redondo (Igualdad) y la exvicepresidenta María Jesús Montero.
El texto de la moción califica el incidente del pasado mes de abril como la crisis energética más grave sufrida por el país en las últimas décadas. Según los populares, el colapso del sistema fue consecuencia de una planificación que priorizó el despliegue de energías renovables como un fin en sí mismo, postergando la seguridad del suministro. Para el principal partido de la oposición, el modelo actual ha generado vulnerabilidades estructurales en la red eléctrica nacional.
La iniciativa parlamentaria denuncia asimismo un supuesto «apagón informativo» por parte del Ministerio. El PP sostiene que las comparecencias y audios de técnicos de Red Eléctrica analizados en la Comisión de Investigación del Senado contradicen la versión oficial del Gobierno. Mientras el Ejecutivo describió el suceso como un episodio «inédito y multifactorial», la formación conservadora afirma que los trabajadores identificaron las causas de forma inmediata, lo que a su juicio evidencia una «ocultación deliberada de la realidad» para evitar responsabilidades políticas.
Además de la gestión técnica del suministro, la moción presentada en la Cámara Alta extiende sus críticas a la actuación del Ministerio en relación con expedientes que se encuentran bajo investigación judicial, como los casos de Forestalia y Villafuel. El Grupo Popular denuncia un «patrón de opacidad regulatoria» y solicita aclaraciones sobre posibles conflictos de interés y la gestión de adjudicaciones y ayudas públicas vinculadas a la transición ecológica.
Finalmente, el texto critica la falta de coordinación con las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales, calificando la situación de la ministra de «políticamente insostenible». Aunque las mociones de reprobación en el Senado no tienen un carácter vinculante que obligue al cese del cargo, suponen una herramienta de presión política que subraya la confrontación entre la mayoría parlamentaria de la Cámara Alta y la gestión del Gobierno de coalición.
