El Tribunal Supremo avala la fijeza de interinos y Bruselas ratifica el uso de fondos europeos para gasto corriente
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que avala la conversión en personal fijo de aquellos trabajadores interinos temporales que se encuentren en situación de prolongación administrativa siempre que cuenten con la aprobación de una oposición previa. Esta decisión judicial coincide con la confirmación, por parte de las autoridades de la Unión Europea, de que el Gobierno de España ha destinado un total de 10.200 millones de euros procedentes de los fondos ‘Next Generation’ a la financiación de gasto corriente, una práctica que ha generado debate sobre el destino final de las partidas de recuperación económica.
En el ámbito de la gestión presupuestaria y territorial, el Ejecutivo central ha anunciado la convocatoria de una comisión bilateral con la Generalitat de Cataluña. El objetivo principal de este encuentro institucional es dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para facilitar la tramitación de las cuentas públicas del gobierno autonómico presidido por Salvador Illa. Esta maniobra se produce en un contexto de intensa actividad legislativa y de búsqueda de estabilidad parlamentaria para asegurar el ciclo presupuestario.
Simultáneamente, la coalición de Gobierno enfrenta dinámicas internas de reconfiguración. Diversos sectores integrados en la plataforma Sumar han trasladado su preocupación sobre la continuidad de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el seno del Consejo de Ministros. Según fuentes de las formaciones aliadas, existe una presión creciente para que la titular de Trabajo abandone sus responsabilidades gubernamentales, bajo el argumento de que el desgaste de la gestión ejecutiva podría estar condicionando el crecimiento electoral del espacio político.
En el plano jurídico y de la Administración Tributaria, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido un criterio que permite a la Agencia Tributaria requerir informes de ‘due diligence’ elaborados por abogados internos de las empresas. Esta resolución ha provocado una reacción institucional de la Abogacía Española, que sostiene que esta práctica vulnera el secreto profesional. Según el TEAC, dichos documentos no están amparados por la confidencialidad cuando el requerimiento se dirige directamente al cliente y no al profesional jurídico que redactó el análisis.
Finalmente, en materia de seguridad y salud pública, se han reportado incidencias en la gestión de crisis sanitarias y seguridad ciudadana. Informes técnicos revelan la detección de un positivo de hantavirus en Cabo Verde que no fue debidamente notificado en los canales oficiales recibidos por el Gobierno de Canarias. Por otro lado, la planificación institucional para combatir el narcotráfico en zonas sensibles del litoral sur se mantiene en una fase de ejecución parcial, según los últimos datos analizados por los organismos de supervisión judicial.
