El PSOE solicita al Tribunal Supremo licencia para querellarse contra Víctor de Aldama por injurias y calumnias

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha formalizado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la solicitud de la licencia preceptiva para interponer una querella criminal por los delitos de injurias y calumnias contra el empresario Víctor de Aldama. La formación argumenta que el comisionista vertió «gravísimas acusaciones» durante su declaración en el marco del procedimiento judicial conocido como ‘caso Koldo’, sin aportar pruebas que sustenten sus afirmaciones.

La normativa procesal exige este permiso judicial previo cuando se pretende actuar legalmente por hechos manifestados en el transcurso de una causa judicializada. Según el escrito remitido al Alto Tribunal, el PSOE sostiene que las manifestaciones de Aldama forman parte de una «campaña difamadora» iniciada hace más de año y medio, y califica de «falsedades evidentes» las menciones realizadas sobre presuntos pagos irregulares que habrían favorecido a la organización política.

Esta petición se produce después de que, durante la fase de instrucción, el juez encargado del caso denegara una solicitud similar. En aquel momento, la autoridad judicial consideró que la interposición de una querella por injurias podría generar disfunciones en el desarrollo del proceso principal. No obstante, una vez concluida la vista oral, la representación jurídica del PSOE insiste en la necesidad de reparar el honor del partido y de sus integrantes ante lo que consideran un ataque deliberado.

Víctor de Aldama, principal investigado en la trama de supuestas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, declaró el pasado 29 de abril. En su comparecencia, reconoció la existencia de pagos que, según su versión, habrían alcanzado a miembros del Gobierno y del partido. Para los socialistas, este actuar fue «deliberado y consciente», excediendo los límites del derecho de defensa al imputar hechos delictivos a terceros de forma infundada.

En el documento presentado ante el Tribunal Supremo, el PSOE subraya que las acusaciones de Aldama responden a «intereses espurios y al margen del procedimiento». El partido recalca que, si bien el investigado goza del derecho a no declarar contra sí mismo, el uso de la sede judicial para difundir testimonios que atentan contra el honor de las instituciones y sus representantes debe ser objeto de reproche penal mediante la correspondiente querella.

La Sala Segunda deberá ahora evaluar si concede la autorización solicitada, lo que permitiría el inicio de un nuevo procedimiento jurídico independiente para dirimir la veracidad de las declaraciones del empresario y la posible existencia de un ilícito penal contra el honor de la formación liderada por Pedro Sánchez.