La Unión Europea debate la creación de centros externos para agilizar la expulsión de inmigrantes
Los ministros responsables de las carteras de Interior y Extranjería de la Unión Europea se reúnen esta semana en Moldavia para debatir una propuesta que busca transformar la gestión migratoria comunitaria: la creación de centros de retorno o «hubs» situados fuera del territorio de los Veintisiete. Esta iniciativa tiene como objetivo principal trasladar a terceros países a los solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas, con el fin de que esperen allí la ejecución de su expulsión definitiva.
La propuesta representa un giro en la política migratoria de la UE, que por primera vez estudia de forma multilateral la posibilidad de externalizar la gestión de las deportaciones. Países como Dinamarca, Austria, Italia, Países Bajos y el Reino Unido —este último con su polémico plan para enviar inmigrantes a Ruanda— ya habían explorado fórmulas similares a nivel nacional. No obstante, el foro en la capital moldava pretende sentar las bases de una estrategia conjunta para afrontar el hecho de que menos de la mitad de las órdenes de retorno emitidas anualmente en suelo europeo se ejecutan efectivamente.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la posible reinterpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Varios ministros han manifestado la intención de limitar la capacidad de los inmigrantes para recurrir sus procesos de expulsión, argumentando que la normativa actual permite dilatar los trámites mediante invocaciones a la reunificación familiar o la defensa de derechos fundamentales. Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, ha confirmado que se trabaja en una declaración conjunta que refuerce el derecho de los Estados a controlar sus fronteras, aunque ha insistido en que los inmigrantes expulsados deben seguir bajo el amparo de la protección internacional.
Este movimiento institucional se apoya en el respaldo previo del Parlamento Europeo, que en marzo validó con 389 votos a favor la propuesta de crear estos enclaves externos. El futuro Reglamento de Retorno contempla medidas de mayor severidad, como la ampliación de los periodos de arresto y, en casos específicos, la posibilidad de detener a familias con menores. Para la implementación de estos centros, la Unión Europea ya ha iniciado negociaciones con países receptores potenciales, entre los que figuran Ghana, Senegal, Túnez y Egipto.
A pesar del avance político, la medida cuenta con el rechazo de diversas asociaciones y organismos internacionales. Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha advertido sobre el riesgo de que estos centros externos se conviertan en «agujeros negros» donde sea difícil supervisar el respeto a los derechos fundamentales. La principal preocupación de las organizaciones humanitarias radica en la pérdida de control directo de las instituciones comunitarias sobre lo que sucede en estos centros una vez que se sitúan fuera de las fronteras de la Unión.
En el marco de este debate europeo, la posición de España destaca como una singularidad respecto a la tendencia general del bloque. Mientras la mayoría de los Gobiernos de la UE impulsan medidas de restricción y externalización, la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez es observada por analistas internacionales como una excepción. A pesar de que las encuestas internas reflejan una preocupación creciente de la población por el impacto de la inmigración en los servicios públicos y la vivienda, España mantiene un modelo que, por el momento, no se ha alineado con las propuestas de deportación externa que hoy ganan peso en Bruselas y Estrasburgo.
