Amnistía Internacional reporta el nivel más alto de ejecuciones globales desde 1981

La organización Amnistía Internacional ha denunciado un incremento crítico en la aplicación de la pena de muerte durante el año 2025, periodo en el que se registraron al menos 2.707 ejecuciones en 17 países. Esta cifra supone un aumento del 78% en comparación con las 1.518 ejecuciones documentadas en 2024, situando la estadística en su punto más alto de las últimas cuatro décadas, según recoge el informe anual «Condenas a muerte y ejecuciones 2025».

El repunte global se atribuye de manera principal a la actividad en Irán, donde las autoridades aplicaron la pena capital a un mínimo de 2.159 personas, cifra que duplica los registros del ejercicio anterior. Otros países de Oriente Medio también mostraron una tendencia alcista: Arabia Saudí alcanzó las 356 ejecuciones, Kuwait triplicó su frecuencia hasta llegar a 17 casos y Egipto duplicó su número de ajusticiamientos, contabilizando un total de 23.

En el continente americano, Estados Unidos se mantuvo como la única nación en aplicar la pena de muerte, registrando un aumento de 25 a 47 personas ejecutadas, con casi la mitad de estos casos concentrados en el estado de Florida. En el sudeste asiático, Singapur pasó de nueve a 17 ejecuciones. La organización advierte que estas cifras son conservadoras, dado que China no facilita datos oficiales al considerarlos secreto de Estado, aunque se estima que continúa siendo el país con mayor número de ejecuciones en el mundo.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, vinculó este recrudecimiento al uso de la pena capital como herramienta de control institucional y a políticas punitivas en la lucha contra el narcotráfico. Según el informe, casi la mitad de los ajusticiamientos mundiales estuvieron relacionados con delitos de drogas, una práctica que la organización califica como un recurso para «infundir temor y sofocar la disidencia» en comunidades marginadas por parte de una minoría de Estados.

El reporte también identifica retrocesos en la tendencia abolicionista global, señalando que cuatro países —Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán— reanudaron las ejecuciones durante el pasado año. No obstante, el informe destaca un contraste geográfico, ya que no se tiene constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en las regiones de Europa y Asia Central, manteniendo la tendencia hacia la erradicación de esta práctica en la mayor parte de la comunidad internacional.

Finalmente, el análisis por regiones sitúa a Afganistán como el único país de Asia meridional con registros de ejecuciones, mientras que en África subsahariana la práctica se limitó a Somalia y Sudán del Sur. En Oceanía, Tonga permanece como el único país que conserva la pena capital en su legislación, consolidando un mapa global donde el uso de la fuerza letal por parte del Estado queda concentrado en un grupo reducido de jurisdicciones.