El Instituto Coordenadas advierte de un bloqueo administrativo en el Miteco que paraliza 17.000 millones de euros en proyectos renovables
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha emitido una advertencia institucional sobre la acumulación masiva de recursos de alzada sin resolver en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Según el análisis de esta entidad, la parálisis administrativa en la fase gubernativa está bloqueando decenas de proyectos de energías renovables que ya cuentan con autorizaciones previas, lo que compromete inversiones privadas valoradas en más de 17.000 millones de euros y pone en riesgo la senda de cumplimiento de los objetivos climáticos asumidos por España ante la Unión Europea.
El informe técnico señala que el Ministerio tiene actualmente pendientes de resolución miles de recursos de alzada relativos a plantas eólicas y fotovoltaicas. Muchos de estos proyectos disponen ya de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), pero se encuentran en un limbo jurídico debido a la falta de respuesta de la Administración. El ICGEA denuncia una falta de transparencia en los datos oficiales sobre los gigavatios (GW) afectados, lo que obliga a los promotores a recurrir a procesos judiciales prolongados que podrían dilatar la ejecución de las inversiones hasta una década.
Hasta julio de 2024, el Miteco había autorizado la construcción de 283 proyectos renovables con una potencia conjunta de 28,123 GW. Sin embargo, una parte sustancial de esta cartera permanece inactiva por el retraso en la resolución de los expedientes. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA, ha calificado la situación como una disfunción administrativa que impacta directamente en el interés general y deteriora la imagen de España como destino preferente para la inversión extranjera en energías limpias.
El Instituto sugiere que este colapso podría responder a una estrategia coordinada de obstrucción administrativa por parte de plataformas contrarias al despliegue de grandes proyectos. Según el análisis, se ha detectado la presentación masiva de recursos idénticos, a menudo sin base jurídica, con el objetivo de saturar la capacidad resolutoria del Ministerio. Esta situación genera una suspensión cautelar de facto que impide el inicio de las obras, a pesar de que los promotores ya han comprometido gastos millonarios en arrendamientos de terrenos, adquisición de equipos industriales y avales bancarios.
La inseguridad jurídica derivada de este bloqueo está provocando que fondos de infraestructuras, empresas de servicios públicos europeas y fondos soberanos reevalúen sus compromisos en el mercado español. El ICGEA advierte de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé movilizar 308.000 millones de euros hasta 2030, una cifra inalcanzable si persiste la incertidumbre administrativa. Mercados competidores como Alemania, Francia, Italia o Portugal están ganando atractivo frente a España debido a esta percepción de riesgo regulatorio.
El impacto no se limita al ámbito financiero, sino que afecta a la cadena de valor industrial. España alberga centros de fabricación de aerogeneradores y componentes de grandes grupos internacionales como Vestas, Siemens Energy o Nordex. La paralización de proyectos reduce la demanda interna de equipos, lo que se traduce en cancelaciones de pedidos, ajustes de plantilla y el riesgo de que los fabricantes reasignen su capacidad productiva a otros países con mayor certidumbre regulatoria. En términos de empleo, el sector estima que el retraso afecta a decenas de miles de puestos de trabajo potenciales, especialmente en zonas rurales de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.
Para corregir esta situación, el Instituto Coordenadas ha propuesto cinco medidas urgentes. Entre ellas destacan la revisión del modelo de procedimiento administrativo para agilizar las resoluciones, la creación de calendarios públicos y objetivos verificables para reducir el atasco, y la transparencia en tiempo real sobre el estado de los expedientes. Asimismo, insta a la transposición urgente de la Directiva RED III y a una coordinación interministerial que proteja la vigencia de las autorizaciones ya otorgadas frente al uso abusivo de los recursos administrativos.
El ICGEA concluye que España dispone del capital, los proyectos y el recurso natural necesario para liderar la transición energética en Europa, pero subraya que la actual incapacidad de la Administración para resolver los recursos en los plazos legales establecidos actúa como un cuello de botella que frena la autonomía energética y el desarrollo industrial del país.
