El Gobierno recurrirá la suspensión cautelar de la Real Casa de Correos como lugar de memoria

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado su intención de recurrir el auto de la Audiencia Nacional que acuerda la suspensión cautelar de la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. La decisión judicial paraliza temporalmente la resolución administrativa que buscaba señalizar la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid por su papel histórico como Dirección General de Seguridad.

El ministro Ángel Víctor Torres ha precisado que el auto de la Audiencia Nacional responde a una medida cautelar y no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Según ha explicado el titular del departamento, el Ejecutivo central mantiene que la declaración del inmueble no interfiere en sus funciones administrativas ni altera la imagen institucional del edificio situado en la Puerta del Sol.

En sus argumentos para el recurso, el Gobierno se apoyará en el voto particular emitido por uno de los magistrados de la sala, quien sostiene que la señalización de la fachada para recordar el pasado del edificio es compatible con la actividad de la administración regional. Torres ha incidido en que la medida, impulsada originalmente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre de 2024, tiene como fin último el reconocimiento y la reparación de las víctimas de torturas y represión que pasaron por dichas dependencias.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recibido la noticia con satisfacción. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha valorado positivamente la decisión de los tribunales, al considerar que la Real Casa de Correos debe preservarse como un «espacio de libertad» y «casa común» de los ciudadanos. Desde la administración regional se ha criticado la intención del Gobierno central, calificándola de «sectaria» y contraria a la neutralidad institucional del inmueble.

El conflicto jurídico se remonta a la impugnación presentada por la Comunidad de Madrid contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en su sede principal. El edificio, uno de los más emblemáticos de la capital, albergó durante el franquismo los calabozos de la Dirección General de Seguridad, contexto que motiva la voluntad del Ministerio de otorgarle una protección específica como lugar de memoria histórica.

Con este anuncio de recurso, el litigio queda a la espera de un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia, que deberá dirimir si prevalece la autonomía institucional alegada por la Comunidad de Madrid o el deber de memoria y reparación defendido por el Gobierno de España.