El teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, compareció este viernes ante la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Koldo’. Durante su intervención, el número dos del Instituto Armado descartó presentar su dimisión tras su imputación en el ‘caso Leire’, asegurando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera «injusta» su situación procesal y mantiene la confianza en su gestión al frente de la operatividad del cuerpo.
Llamas defendió su honorabilidad y argumentó que su continuidad en el cargo no se ve comprometida por su condición de investigado en la causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El teniente general subrayó que no tiene intención de abandonar sus responsabilidades, al considerar que su actuación se ha ajustado siempre a la legalidad y a los procedimientos administrativos internos de la Guardia Civil.
En el marco de su declaración parlamentaria, el DAO dirigió críticas hacia el funcionamiento de determinadas unidades de investigación, en una referencia velada a la Unidad Central Operativa (UCO). Llamas señaló que, en ocasiones, se produce un «exceso de protagonismo» y una «cierta vanidad» en las labores policiales. Según su criterio, la iniciativa en las causas judiciales corresponde exclusivamente al juez instructor, calificando de «tóxica» o «supletoria» la proactividad excesiva de los agentes cuando esta pretende, a su juicio, ensombrecer la titularidad judicial de la investigación.
El compareciente fue interrogado sobre la apertura de investigaciones internas a agentes de la UCO tras la filtración de un correo electrónico oficial de Begoña Gómez, detectado durante las pesquisas relacionadas con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Llamas admitió que mantuvo una comunicación con el ministro del Interior para «dimensionar» el perjuicio de dicha publicación, lo que derivó en la apertura de un expediente para depurar responsabilidades sobre la custodia de la información sensible vinculada a personas sin cargo público.
Respecto a las acusaciones vertidas por otros altos mandos, como los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, Llamas enmarcó estas críticas en una falta de sintonía personal y profesional. El DAO negó que las informaciones reservadas abiertas contra estos mandos fueran una herramienta de presión o intimidación, defendiéndolas como actuaciones administrativas ordinarias ante posibles malas praxis o filtraciones de investigaciones en curso a los medios de comunicación.
Finalmente, el teniente general se desvinculó de las presuntas amenazas de «hacer rodar cabezas» dentro de la UCO durante el periodo de mayor tensión por las investigaciones que afectan al entorno de la Presidencia del Gobierno. Llamas insistió en que el origen de la inclusión de comunicaciones privadas en informes técnicos fue un «error» de un analista, episodio que se zanjó con una amonestación, rechazando que existiera una «caza de brujas» orquestada desde la cúpula operativa o el Ministerio del Interior.
