Los socios del Gobierno apelan a la prudencia tras conocer los detalles del auto contra Zapatero
Los grupos parlamentarios de Sumar, ERC y Podemos han modificado este miércoles su discurso inicial respecto a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adoptando una postura de mayor cautela frente a las acusaciones de «lawfare» proferidas durante la jornada anterior. Tras el análisis del auto de la Audiencia Nacional, que consta de 85 páginas, las formaciones que sostienen al Ejecutivo han pasado de la denuncia de persecución judicial a la petición de una investigación «diligente e independiente» sobre los presuntos cobros de comisiones ilegales relacionados con la aerolínea Plus Ultra.
Desde el grupo plurinacional Sumar, fuentes de la formación han señalado la necesidad de actuar con prudencia, subrayando que se debe investigar «todo lo que se tenga que investigar». Aunque mantienen su preocupación por el posible uso político de la justicia, diputados de la coalición han reconocido de forma privada que el texto judicial contiene indicios significativos contra el expresidente. En este sentido, el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha evitado emplear el término «lawfare» y ha manifestado que el cobro de cantidades por gestiones políticas constituiría, de confirmarse, un hecho delictivo.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha matizado sus declaraciones del martes, cuando afirmó que el Poder Judicial «iba a por el PSOE». Durante la sesión plenaria de este miércoles, Rufián ha admitido que el auto de la Audiencia Nacional está «muy bien escrito», aunque ha mantenido sus críticas por lo que considera una «cacería judicial» generalizada contra los sectores de la izquierda.
En las filas de Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha suavizado su retórica tras haber denunciado inicialmente una «guerra sucia judicial». En sus últimas intervenciones, Belarra se ha limitado a señalar que el contenido del auto «no pinta bien», reflejando un distanciamiento respecto a la defensa cerrada del expresidente que la formación morada había mostrado en las primeras horas tras conocerse la noticia.
Desde otras formaciones del bloque de investidura, como Compromís o el PNV, se ha incidido en esta línea de contención. Mientras que la diputada Àgueda Micó ha expresado dudas sobre la existencia de una motivación puramente política tras la decisión judicial, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reiterado su apelación a la prudencia institucional hasta que se esclarezcan los hechos tipificados en la causa como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Este giro en el posicionamiento de los socios de investidura se produce en un contexto de máxima tensión política, coincidiendo con las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara Baja, y ante la gravedad de los delitos que la Audiencia Nacional investiga en el marco de la concesión de ayudas públicas y gestiones internacionales vinculadas a la compañía aérea Plus Ultra.
