Gobierno y Generalitat ratifican la creación de una sociedad estatal de inversiones y el refuerzo de la plantilla de Mossos
El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han convalidado este miércoles los principales ejes del acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y ERC vinculados a los Presupuestos de 2026. Entre las medidas ratificadas destaca la creación de una sociedad de inversiones del Estado en la comunidad autónoma, el impulso de una nueva línea ferroviaria orbital y el blindaje de la financiación necesaria para que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra alcance los 25.000 agentes en el año 2030.
Los acuerdos se han formalizado en la sede del Ministerio de Política Territorial durante las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. El encuentro ha estado presidido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, quienes han enmarcado estos avances en una nueva etapa de colaboración institucional tras la investidura de Salvador Illa.
En el ámbito de las inversiones, el Estado vehiculará sus compromisos a través de una sociedad mercantil de inversiones, una fórmula jurídica que evita el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Esta vía se ha adoptado tras el rechazo previo en la Cámara Baja del Consorci d’Inversions. Asimismo, se ha dado luz verde al proyecto de la línea orbital ferroviaria, una infraestructura presupuestada en 5.200 millones de euros que unirá Mataró con Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona, cuya ejecución está prevista entre 2027 y 2040 con financiación estatal y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Otro de los puntos clave de la jornada ha sido el acuerdo para modificar la gobernanza del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Según lo pactado, el Estado cederá la mayoría a las instituciones catalanas, pasando a ostentar un 40% de la entidad, mientras que la Generalitat contará con un 45% y el Ayuntamiento de Barcelona con el 15% restante. Paralelamente, se ha formalizado el traspaso de las competencias en ordenación y gestión del litoral, permitiendo que la Generalitat asuma plenamente los servicios en este ámbito.
En materia de seguridad ciudadana, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha sellado el mecanismo de financiación para el despliegue de la policía autonómica. El Estado transferirá anualmente los fondos necesarios calculados sobre un coste de 70.600 euros por cada nuevo agente que se incorpore a la plantilla actual —de unos 22.000 efectivos— hasta completar el objetivo de 25.000 agentes en 2030. Esta partida, que se actualizará anualmente conforme al IPC, supondrá una inversión estatal estimada en 210 millones de euros.
La agenda bilateral también ha incluido compromisos para el fomento de la lengua catalana en la Administración General del Estado. Se creará un grupo de trabajo, con fecha límite el 31 de diciembre, para proponer mecanismos de formación lingüística para funcionarios estatales en Cataluña. Además, el Gobierno central se ha comprometido a incrementar la presencia del catalán en los recursos de administración digital y trámites electrónicos de su competencia.
Pese a la amplitud de los acuerdos alcanzados, la reunión ha dejado fuera por el momento dos de las reivindicaciones más complejas del pacto entre el PSC y ERC: la delegación de competencias para la recaudación del IRPF y el nuevo modelo de gobernanza aeroportuaria para Cataluña. Ambas cuestiones, según han confirmado fuentes de las dos administraciones, se abordarán en futuras sesiones de la Comisión Bilateral, manteniendo el compromiso de trabajo conjunto para su desarrollo a medio plazo.
