La Policía Nacional desarticula una trama de fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta implicación en un entramado criminal responsable de un fraude de casi siete millones de euros contra el Servicio Murciano de Salud (SMS). A los arrestados se les imputan los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

La operación, desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tuvo su origen en enero de 2025. La investigación se activó tras una denuncia presentada por la Consejería de Salud de la Región de Murcia ante la Fiscalía, después de que el Servicio de Inspección de Centros detectara irregularidades contables significativas durante una auditoría interna.

El «modus operandi» del grupo consistía en la introducción de datos falsos en el sistema contable del SMS para favorecer el uso de productos sanitarios no autorizados ni incorporados al catálogo oficial. Según las pesquisas policiales, la organización fijaba precios de compra elevados para estos productos no homologados —incluyendo prótesis vasculares y material fungible— mientras dejaba de utilizar los suministros autorizados que tenían un coste considerablemente menor para la administración pública.

Las investigaciones apuntan a que los implicados poseían un conocimiento técnico avanzado de los sistemas informáticos contables y contaban con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras y en el área de facturación del SMS. Esta colaboración interna habría permitido eludir los procedimientos de licitación pública, facilitando negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, contraviniendo lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público.

La mayor parte de la actividad fraudulenta se concentró en las intervenciones quirúrgicas derivadas a centros sanitarios concertados. En estos procedimientos, la red aplicó sobrecostes que oscilaban entre el 100% y el 1.287%, llegando a facturar servicios que debían ser gratuitos o materiales que nunca fueron utilizados. Asimismo, se ha constatado el empleo de productos caducados en intervenciones médicas, lo que ha supuesto un riesgo directo para la salud pública.

El perjuicio económico total calculado por los investigadores asciende a 6.886.738 euros. Como parte de las diligencias judiciales, se han decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de los principales investigados, procediéndose al bloqueo de cuentas bancarias y al embargo preventivo de bienes inmuebles y vehículos. La investigación continúa abierta bajo tutela judicial.