Estados Unidos presenta cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado formalmente cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el asesinato de cuatro pilotos de la organización «Hermanos al Rescate» en 1996. La acusación, radicada en la corte federal del Distrito Sur de Florida, señala al exmandatario por ordenar el derribo de dos avionetas civiles estadounidenses mientras se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que la medida responde a un compromiso de la administración del presidente Donald Trump con el principio de persecución judicial ante crímenes contra ciudadanos estadounidenses. Según Blanche, esta acción marca un hito histórico, pues representa la primera vez en casi siete décadas que la alta dirigencia del Gobierno cubano enfrenta cargos formales ante el sistema de justicia estadounidense.

«El presidente Trump está comprometido a restaurar un principio muy simple pero importante: si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas y, en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado», declaró el funcionario durante una intervención en Miami. La imputación incluye los delitos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses en relación con los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.

La acusación formal, que fue presentada inicialmente el 23 de abril y revelada recientemente, también involucra a otros cinco mandos militares cubanos: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez. El documento judicial sostiene que las aeronaves fueron interceptadas y destruidas en una operación coordinada por la cúpula militar de la isla.

En el plano internacional, el Gobierno de Cuba ha sostenido históricamente que las avionetas violaron su espacio aéreo y calificó a los aviadores de «terroristas». No obstante, una investigación realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el incidente tuvo lugar en aguas internacionales, contradiciendo la versión oficial de La Habana y respaldando la jurisdicción estadounidense para procesar el caso.

Blanche concluyó su declaración enfatizando que, aunque la acción legal no puede revertir la pérdida de vidas, busca ofrecer un reconocimiento oficial a las familias de las víctimas que han buscado justicia durante casi 30 años. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado los mecanismos de cooperación internacional o los procedimientos operativos que se seguirían para una eventual comparecencia de los acusados ante los tribunales de Florida.