España insta a la Unión Europea a suspender el acuerdo con Israel y sancionar al ministro Ben Gvir
El Gobierno de España ha intensificado su presión ante las instituciones comunitarias para solicitar la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel y la aplicación de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir. Esta ofensiva diplomática se produce tras la detención en aguas internacionales de 430 activistas de la «Global Sumud Flotilla» y la posterior difusión de un vídeo en el que el mandatario israelí aparece burlándose de los retenidos en el puerto de Ashdod.
La presidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores han calificado de «inaceptables» las imágenes en las que se observa a los activistas maniatados y arrodillados mientras el ministro Ben Gvir exhibe la bandera de Israel. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que España impulsará en Bruselas la elevación a escala europea de las sanciones individuales que ya pesan sobre el ministro israelí, a quien se le prohibió la entrada en territorio español el pasado mes de septiembre.
La base jurídica para la solicitud de suspensión del pacto bilateral reside en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, en vigor desde el año 2000. Dicha cláusula condiciona la vigencia del tratado al respeto escrupuloso de los derechos humanos y los principios democráticos. Según ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el asalto a ciudadanos en aguas internacionales y el trato documentado en el puerto de Ashdod contravienen el Derecho Internacional y los valores que sustentan la relación entre la Unión Europea y el país hebreo.
Pese a la firmeza de la petición española, la suspensión total del acuerdo internacional presenta una alta complejidad técnica y política. Al tratarse de un pacto de carácter bilateral entre la Unión y un tercer Estado, cualquier decisión dirigida a su rescisión o congelación requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Hasta la fecha, la UE ha invocado esta cláusula para aplicar medidas limitadas o abrir consultas en diversos contextos, pero nunca ha procedido a la suspensión íntegra de un acuerdo de este nivel de importancia comercial y política.
El Acuerdo de Asociación constituye el marco legal principal para la cooperación económica, el diálogo político y la estabilidad regional entre ambas regiones. Los objetivos del pacto incluyen el fomento del desarrollo económico mutuo y la creación de un espacio de cooperación en áreas de interés común. Sin embargo, el deterioro de la situación humanitaria y los recientes incidentes marítimos han reabierto el debate en el seno de la Comisión Europea sobre la coherencia de mantener estos vínculos ante las presuntas vulneraciones de los términos democráticos estipulados.
La respuesta internacional no se ha limitado a la acción española. La Unión Europea, a través de sus portavoces oficiales, ha calificado de «completamente inaceptable» el trato dispensado a los miembros de la flotilla. Mientras tanto, varios países miembros han convocado a los embajadores israelíes en sus respectivas capitales para trasladar su protesta formal por la interceptación de la flotilla en aguas internacionales y la gestión posterior de los detenidos.
