La Comisión de Interior aprueba el dictamen para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves al dictamen de la proposición de ley orgánica para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La iniciativa, que contempla una modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, ha contado con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE, el PP y el PNV, y continuará ahora su tramitación en el Pleno de la Cámara Baja para su aprobación definitiva.
El texto aprobado responde a una reivindicación histórica de los aproximadamente 25.000 empleados públicos que integran las Instituciones Penitenciarias. La reforma legislativa otorgará a estos profesionales la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones y conllevará un incremento en las indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos en el desempeño de su labor. Asimismo, el dictamen extiende este reconocimiento legal al personal laboral del ámbito penitenciario.
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista José Luis Aceves ha manifestado su satisfacción por el consenso alcanzado, calificando la jornada como una «buena noticia» para el sector. Por su parte, desde el Grupo Popular, Fernando de Rosa ha celebrado la culminación de esta demanda y ha instado a que el texto sea elevado al Pleno la próxima semana con el objetivo de agilizar su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A pesar del apoyo general, la sesión ha reflejado los matices y discrepancias de las distintas formaciones. El grupo parlamentario Junts, que ha votado a favor de la medida, ha anunciado que mantendrá vivas sus enmiendas para el debate en el Pleno. Su portavoz, Marta Madrenas, ha subrayado las particularidades del sistema penitenciario catalán y ha reclamado que la administración del Estado sufrague los costes derivados de la nueva legislación.
Desde el grupo Sumar, Enrique Santiago ha valorado positivamente el consenso, aunque ha insistido en que el reconocimiento jurídico debe ir acompañado de una mayor inversión en políticas preventivas y seguridad laboral. Por otro lado, el diputado de Vox, David García, ha considerado el avance como «insuficiente», reclamando que se atiendan otras demandas del sector y que se reconozca también como profesión de riesgo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La posición discordante ha venido de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el único grupo que ha rechazado la iniciativa. La diputada Pilar Valluguera ha argumentado que esta medida no favorece el cumplimiento de los objetivos de reinserción propios del sistema penitenciario y ha criticado el pacto alcanzado por el Ejecutivo con las formaciones de la derecha parlamentaria.
Con la aprobación de este dictamen, el procedimiento legislativo encara su recta final. Una vez superado el trámite en el Pleno del Congreso, la ley será remitida al Senado para completar su validación orgánica, otorgando por primera vez este estatus jurídico reforzado a los trabajadores de las prisiones españolas.
