Igualdad amplía el concepto de violencia de género para incluir agresiones de traficantes y clientes de prostitución
El Ministerio de Igualdad ha formalizado un nuevo marco de actuación institucional que expande la definición de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja. A través del «Protocolo para el abordaje integral de mujeres con adicciones o consumos abusivos», el departamento dirigido por Ana Redondo integra las agresiones cometidas por vendedores de sustancias estupefacientes y consumidores de prostitución dentro del sistema de protección para víctimas de violencia machista.
El documento técnico establece una distinción operativa respecto a la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Según el texto, para este protocolo específico se emplea el término en su acepción estructural, definiéndola como «toda violencia de los hombres hacia las mujeres, fruto de las relaciones de desigualdad históricamente construidas», independientemente del vínculo afectivo que exista entre el agresor y la víctima.
La nueva estrategia señala que las mujeres con problemas de adicción se enfrentan a una victimización que trasciende el entorno sentimental. Las autoras del informe, Patricia Martínez y Gisela Hansen, subrayan que en este colectivo la violencia proviene de diversos hombres con los que interactúan, mencionando explícitamente a familiares, proveedores de drogas y clientes de prostitución. El objetivo es que estas agresiones dejen de ser invisibilizadas en las historias clínicas y en los procesos de atención institucional.
El protocolo vincula estrechamente el consumo abusivo de sustancias con las vivencias traumáticas previas. El informe sostiene que, en numerosos casos, el uso de drogas actúa como un «mecanismo de afrontamiento» frente a la violencia física, sexual o psicológica sufrida. Bajo esta premisa, el Gobierno defiende la necesidad de reformular las normativas vigentes que, hasta la fecha, conllevaban la exclusión de las mujeres con consumos activos de los circuitos de protección para víctimas.
Como medida de respuesta, el Ministerio de Igualdad aboga por la creación de recursos residenciales específicos y centros no mixtos. La argumentación institucional indica que los dispositivos de atención a drogodependencias mixtos pueden aumentar el riesgo de que las víctimas reincidan en dinámicas de relación perjudiciales con potenciales victimarios, lo que dificultaría su recuperación tanto de la adicción como de las secuelas de la violencia.
Con la implementación de estas directrices, el Ejecutivo busca garantizar que la adicción no funcione como un factor de exclusión dentro del sistema público. El protocolo concluye que la alta prevalencia de violencia física, sexual, psicológica y simbólica detectada en este sector de la población justifica por sí misma la especialización de los servicios de atención integral del Estado.
