El Tribunal Supremo anula el registro único estatal de alquileres turísticos por invasión de competencias
El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración que el Estado pretendía imponer para las viviendas publicitadas en plataformas digitales. En una sentencia que refuerza el marco competencial vigente, el Alto Tribunal dictamina que la Administración Central carece de potestad para establecer una regulación «exhaustiva» sobre una materia que corresponde a las comunidades autónomas.
La resolución judicial sostiene que el Estado no dispone de un título competencial suficiente para articular un registro nacional que se superponga a los registros autonómicos ya existentes. El fallo subraya que la normativa estatal incurría en un exceso regulatorio al intentar centralizar la inscripción de inmuebles destinados a fines turísticos, una facultad que la Constitución y los Estatutos de Autonomía reservan a los gobiernos regionales en el ejercicio de sus funciones sobre turismo y vivienda.
El pronunciamiento es consecuencia directa del recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la norma estatal. El Ejecutivo autonómico cuestionó la legalidad del procedimiento de Registro Único y la creación de la denominada ventanilla única digital, diseñada originalmente para la recogida y el intercambio automatizado de datos sobre los alquileres de corta duración en todo el territorio nacional.
Desde una perspectiva técnica, el Tribunal Supremo advierte que la estructura de supervisión planteada por el Estado colisionaba con la arquitectura institucional del sector. Al calificarse la regulación de «exhaustiva», el tribunal entiende que se desplazaba de forma ilegítima la capacidad de ordenación de las comunidades, las cuales ya cuentan con sus propios mecanismos de control y fiscalización para esta actividad económica.
Esta decisión judicial supone un cambio significativo en la estrategia de control del mercado del alquiler vacacional en España, al invalidar la herramienta de centralización de datos que el Ministerio pretendía consolidar para armonizar la información proveniente de las plataformas digitales. A partir de este fallo, la gestión y supervisión de estos registros permanecerá bajo la tutela exclusiva de las administraciones autonómicas.
