El Tribunal de Cuentas descarta el desvío de fondos europeos para el pago de prestaciones de la Seguridad Social
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha negado este jueves de manera «categórica» ante las Cortes Generales que se haya producido un desvío de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el abono de servicios de la Seguridad Social. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha asegurado que no se han utilizado recursos comunitarios para pagos que no correspondieran a su finalidad legal.
La intervención de la presidenta del órgano fiscalizador responde a la controversia generada tras la publicación, el pasado 5 de mayo, de un informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024. En dicho documento se indicaba que el Gobierno, ante la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de las cuentas públicas, recurrió en noviembre de ese año a 2.389,4 millones de euros procedentes de créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
A pesar de que el examen de la Cuenta General del Estado de 2024 no figuraba formalmente en el orden del día de la sesión, los grupos de la oposición trasladaron sus consultas sobre este extremo a la presidenta. Chicano ha subrayado que, a pesar de las observaciones técnicas recogidas en el informe, en ningún momento se apunta a una malversación o desvío indebido de los fondos. «Quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no correspondieran», ha aseverado ante los diputados y senadores.
El núcleo de la cuestión reside en dos modificaciones presupuestarias autorizadas por el Ejecutivo central por el citado valor de 2.389,4 millones de euros. Según la fiscalización del Tribunal, el Gobierno justificó el uso de estos créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) bajo la premisa de que no comprometían el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de las ayudas de la Unión Europea.
No obstante, el Tribunal de Cuentas expuso en su informe que los fundamentos jurídicos empleados para estas operaciones «deberían haber quedado mejor justificados». El organismo fiscalizador advirtió una «incertidumbre» sobre la aplicabilidad de las limitaciones legales en 2024 para el uso de remanentes de fondos europeos en la financiación de gastos ajenos a dichos servicios específicos, un punto técnico que ha centrado el debate parlamentario.
Por su parte, la presidenta ha recordado que la Comisión Europea no ha cuestionado el uso legal de estas ayudas comunitarias por parte de España. Chicano ha emplazado a los grupos parlamentarios a una futura sesión dedicada específicamente a la Cuenta General del Estado para analizar pormenorizadamente los detalles técnicos y las recomendaciones del organismo en relación con la gestión de los créditos presupuestarios.
Finalmente, la representante del Tribunal de Cuentas ha insistido en que ni el cuerpo principal del informe de fiscalización, ni los votos concurrentes ni los particulares emitidos por los consejeros del organismo, contienen elementos que permitan sostener la tesis de una desviación de fondos fuera de los cauces previstos por la normativa vigente.
