La justicia ordena la incautación de criptoactivos en la investigación sobre el caso Plus Ultra

El magistrado encargado de la instrucción que investiga los vínculos del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la aerolínea Plus Ultra, ha dictado un auto por el que se ordena la incautación de criptomonedas, específicamente Bitcoin y Litecoin. La medida judicial busca asegurar posibles responsabilidades civiles y profundizar en la investigación de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, falsedad documental y apropiación indebida, ante la sospecha de que la red investigada utilizó activos digitales para canalizar fondos de procedencia ilícita.

Para garantizar la seguridad jurídica y la integridad de los activos intervenidos, el Juzgado ha dispuesto que la custodia técnica de estas divisas se realice a través de la división especializada Prosegur Crypto. Esta entidad dispone de un sistema de alta seguridad, denominado «criptobúnker», que permite el almacenamiento de las claves privadas de forma totalmente desconectada de internet (almacenamiento en frío). Este procedimiento se rige bajo un contrato específico de la Secretaría de Estado de Seguridad diseñado para la gestión de bienes intervenidos en causas judiciales.

Protocolo de intervención y actuación de la UDEF

La resolución judicial atiende a la solicitud de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. Los investigadores policiales han sido autorizados para intervenir cualquier monedero virtual o cuenta en plataformas de intercambio (exchanges) vinculada a los sujetos bajo investigación. El protocolo establece que la incautación se realice mediante la transferencia directa de los fondos a direcciones controladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a través de la modificación de las credenciales de acceso a las plataformas digitales.

La justicia sospecha que la trama habría recurrido a estos canales financieros por su opacidad y la dificultad técnica para su trazabilidad internacional. El objetivo del juzgado es intervenir no solo el dinero en efectivo, sino cualquier documento, soporte o activo de valor que guarde relación con el supuesto tráfico de influencias y las presuntas «mordidas» derivadas de las operaciones bajo sospecha.

Evolución de los activos desde el rescate de la aerolínea

El marco temporal de la investigación se remonta a marzo de 2021, fecha en la que el Consejo de Ministros autorizó un rescate público de 53 millones de euros para Plus Ultra. Desde ese periodo, el mercado de criptoactivos ha experimentado variaciones significativas que afectan directamente al valor de los bienes bajo orden de incautación. Mientras que el Bitcoin cotizaba en el entorno de los 55.000 dólares en la primavera de 2021, su valor actual se sitúa en una horquilla de entre 77.000 y 90.000 dólares, impulsado por su validación en los mercados financieros convencionales.

En contraste, el Litecoin ha mostrado un comportamiento descendente en el mismo periodo de tiempo. De los aproximadamente 250 dólares que alcanzaba durante el año del rescate, su cotización ha caído hasta situarse actualmente entre los 50 y 60 dólares. Estos activos, de confirmarse su vinculación con la trama, habrían servido como vehículos de inversión y reserva de valor durante el lustro que ha transcurrido hasta el reciente levantamiento del secreto de sumario.

La causa continúa su curso en sede judicial, centrándose ahora en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y la trazabilidad de los movimientos en las cadenas de bloques (blockchain) para determinar el origen y destino final de los fondos gestionados por la red investigada.