La Audiencia de Málaga juzga a un sacerdote acusado de abusar de cuatro mujeres tras sedarlas

La Audiencia Provincial de Málaga inicia esta semana el juicio contra un sacerdote para quien la Fiscalía solicita una pena inicial de 72 años de prisión. El acusado se enfrenta a cargos por presuntos abusos sexuales continuados, revelación de secretos y lesiones contra cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad y confianza, amparada en su condición de religioso.

La vista oral, que ha comenzado este lunes y está previsto que se prolongue hasta el próximo 29 de mayo, contará con la declaración de 16 testigos, entre ellos las cuatro denunciantes. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el proceso intervendrán además una veintena de efectivos de la Policía Nacional y diversos peritos médicos y forenses propuestos por las partes.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, el procesado desempeñó funciones como párroco en las localidades de Ardales y Carratraca, así como vicario en Álora, desde el año 2017. El fiscal sostiene que el acusado presuntamente suministraba a las víctimas sustancias estupefacientes, con probabilidad éxtasis líquido, para inducirles un estado de somnolencia profunda y anular su capacidad de defensa. En ese estado de inconsciencia, el sujeto habría realizado actos de índole sexual sin consentimiento, capturando además imágenes y vídeos de las víctimas.

El hallazgo de los hechos se produjo entre finales de 2022 y principios de 2023, cuando la entonces pareja sentimental del acusado localizó de manera fortuita un disco duro con material audiovisual en el domicilio parroquial que compartían en Melilla. Tras intentar poner la situación en conocimiento de las autoridades eclesiásticas, la mujer optó por interponer una denuncia ante la Policía Nacional en agosto de 2023, facilitando el acceso a las pruebas que permitieron identificar a las perjudicadas.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía reclama una indemnización total de 1,2 millones de euros —300.000 euros para cada víctima— por las secuelas psíquicas y los daños morales ocasionados. El Ministerio Público solicita que la Diócesis de Málaga sea declarada responsable civil subsidiaria de estas cuantías, al haberse producido los hechos en el ámbito de la actividad religiosa del procesado.

Por su parte, el Obispado de Málaga ha manifestado su «plena colaboración» con la justicia y su confianza en la resolución de los tribunales. El obispo Jose Antonio Satué ha señalado que la Diócesis defenderá que no se le exija la responsabilidad civil subsidiaria, argumentando que la institución no favoreció ni ignoró los hechos. No obstante, ha subrayado el compromiso de la Iglesia de reparar a las víctimas incluso si los tribunales no obligan a ello, pidiendo perdón institucional por la falta de apoyo que las mujeres pudieron experimentar en las fases iniciales del caso.