La Asociación de Fiscales recurre al Tribunal de Estrasburgo la política de nombramientos de la Fiscalía General
La Asociación de Fiscales (AF), organización mayoritaria en la carrera fiscal, ha formalizado la presentación de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con la política de nombramientos discrecionales en el seno de la Fiscalía General del Estado. La acción legal se produce tras las recientes sentencias del Tribunal Constitucional que validaron la designación del fiscal jefe de Menores, revocando las decisiones previas del Tribunal Supremo que habían anulado dicho nombramiento.
La asociación sostiene que la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional consolida un modelo de designación donde la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad. Según el comunicado emitido por la AF, este criterio permite que la afinidad ideológica y la confianza personal se impongan sobre la especialización técnica necesaria para el desempeño de cargos de alta responsabilidad en el Ministerio Público.
El origen del conflicto jurídico se sitúa en el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores, una decisión adoptada durante el mandato de la exjefa de la Fiscalía, Dolores Delgado. Aunque el Tribunal Supremo anuló dicho nombramiento en dos ocasiones al considerar que no se habían acreditado suficientemente los méritos del candidato propuesto, el Tribunal Constitucional corrigió al alto tribunal al estimar que se había vulnerado el derecho fundamental del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha señalado que la demanda ante Estrasburgo es una medida necesaria ante lo que consideran un «daño al sistema institucional». Para la asociación, la validación de estos criterios de designación compromete la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de derecho y afecta a los principios de imparcialidad y sometimiento a la legalidad que deben regir la función pública.
En el texto de la demanda, la AF también expone una posible vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido al derecho a un proceso con todas las garantías. La organización argumenta que en la resolución del caso por parte del Tribunal Constitucional intervino un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida, lo que, a su juicio, vicia la legitimidad del pronunciamiento judicial interno.
Con esta iniciativa, la Asociación de Fiscales busca que el tribunal internacional examine si el sistema de nombramientos en la justicia española respeta los estándares europeos de independencia y mérito, advirtiendo que el actual modelo rompe un pilar esencial del ordenamiento jurídico al permitir que la discrecionalidad política se anteponga a la idoneidad profesional.
