El PSOE defiende la legalidad de las actividades de Begoña Gómez tras el informe de la UCO

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado este lunes su respaldo a la integridad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras analizar las conclusiones de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según la formación, los datos aportados por los agentes descartan la existencia de irregularidades en la creación y gestión de la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, el partido ha subrayado que no se ha producido enriquecimiento ilícito, movimientos sospechosos en cuentas bancarias ni anomalías en la gestión administrativa del proyecto académico. El PSOE sostiene que, tras los resultados de la investigación técnica, se confirma la ausencia de indicios delictivos en el desempeño profesional de Gómez.

La formación socialista ha calificado el proceso de los últimos veinticuatro meses como «dos años de persecución y acoso», asegurando que el objetivo final de estas denuncias era atacar directamente al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. «La verdad se abrirá paso», han reiterado desde la organización, calificando a Gómez como una «persona honesta» y exigiendo el cese de lo que consideran una campaña de desgaste personal y político.

En este contexto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también se ha pronunciado sobre el contenido del informe. El titular de Transportes ha restado importancia a la cuantía de 17.000 euros que, según los agentes de la Guardia Civil, habrían sido facturados en relación con el proyecto investigado, cuestionando la relevancia jurídica de dichas cifras en el marco de la causa.

El pronunciamiento del partido se produce en un momento de intenso debate parlamentario sobre la transparencia de las actividades de los entornos familiares de los cargos públicos. Desde las filas socialistas insisten en que la documentación presentada por la UCO avala la tesis de que no existen fundamentos para mantener las acusaciones de irregularidad administrativa en el ámbito universitario.