Igualdad promueve el uso de lenguaje no binario en la Administración ante las críticas de colectivos feministas
El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres y en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ha impulsado una nueva «Guía de lenguaje inclusivo para la Administración». El documento recomienda a los funcionarios públicos la adopción de fórmulas de lenguaje neutro no binario, incluyendo el uso de pronombres como «elle» o «nosotres», con el objetivo de garantizar la representación de todas las identidades de género en los documentos oficiales y formularios del Estado.
La guía elaborada por el gabinete que dirige Ana Redondo propone una transformación en la comunicación institucional para evitar el uso del masculino genérico. Entre las medidas sugeridas se encuentra la modificación de los sistemas de identificación para que los ciudadanos no se vean obligados a elegir exclusivamente entre las categorías de masculino y femenino. Según el texto, existen entre 30 y 60 identidades de género diferentes que deben encontrar reflejo en la documentación administrativa.
Además del uso de neologismos rechazados por la Real Academia Española (RAE), el documento insta a emplear términos colectivos neutros, como «personal» o «plantilla», y propone alterar el orden tradicional de referencia a hombres y mujeres para romper con los binarismos habituales. El manual también extiende sus recomendaciones hacia un lenguaje «no racista» y «no capacitista», buscando eliminar sesgos por etnia o discapacidad en el trato con la ciudadanía.
Sin embargo, la iniciativa ha generado una reacción crítica por parte de sectores del movimiento feminista. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, organización que agrupa a centenares de colectivos, ha remitido una queja formal al Ministerio exigiendo la retirada del aval institucional a esta publicación. Según denuncian, la propuesta de sustituir el dato objetivo del «sexo» por la «identidad sentida» contraviene la actual Ley de Igualdad.
Desde esta plataforma argumentan que la eliminación de la categoría sexual en los registros administrativos imposibilita la recopilación de datos estadísticos precisos. Advierten que, sin una identificación clara del sexo, resulta inviable medir realidades como la brecha salarial, la segregación ocupacional o la violencia específica ejercida contra las mujeres, herramientas que consideran esenciales para el diseño de políticas públicas eficaces.
La guía figura actualmente en el catálogo oficial de publicaciones de la Administración General del Estado. Aunque el Instituto de las Mujeres incluye una cláusula en la que declina responsabilidad sobre las opiniones expresadas en el estudio, las organizaciones feministas sostienen que su edición y distribución como material formativo para empleados públicos le otorga una apariencia de legitimidad normativa que entra en conflicto con el mandato legal de proteger la igualdad entre hombres y mujeres.
Por el momento, el Ministerio de Igualdad mantiene la difusión del documento como una herramienta para «incentivar cambios» hacia una comunicación más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Por su parte, los colectivos demandantes insisten en que las instituciones no deben formar a su personal con materiales que, a su juicio, debilitan los instrumentos jurídicos necesarios para combatir la discriminación por razón de sexo.
