El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el requerimiento de documentación y archivos electrónicos en la sede central del PSOE, ubicada en la calle Ferraz. La diligencia se produce en el marco de una investigación sobre una presunta trama organizada para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al partido como al Gobierno de España.
En el marco de esta operación, el magistrado ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; a la gerente actual de la formación, Ana Fuentes; y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Los cargos que se investigan incluyen presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y delitos contra las instituciones del Estado, entre otros.
Según recoge el auto judicial, las pesquisas sitúan un punto de inflexión el 26 de abril de 2024. En esa fecha, que coincidió con el periodo de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría celebrado una reunión de urgencia en la sede de Ferraz. A dicho encuentro asistieron, según el informe de la UCO, Santos Cerdán, el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez, señalada como presunta coordinadora de la red.
La investigación sostiene que, a raíz de esa convocatoria, el grupo habría comenzado a desarrollar una estrategia estructurada de actuaciones orientadas a interferir en causas judiciales abiertas. El objetivo final, según el texto judicial, sería neutralizar el impacto de procedimientos que afectaban a los intereses del partido o del Ejecutivo, en un contexto marcado por la apertura de diligencias sobre el entorno del presidente del Gobierno días antes de la citada reunión.
Además de la intervención en la sede socialista, la Guardia Civil ha procedido al registro de varios inmuebles particulares, incluidos los de Gaspar Zarrías y Javier Pérez Dolset. Las autoridades investigan si existió una contabilidad paralela en el seno de la formación destinada a sufragar las actividades de esta presunta estructura de influencia y captación de información confidencial.
La causa también se dirige contra el abogado Ismael Oliver y el guardia civil Juan Sánchez Yepes, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. La Audiencia Nacional busca determinar el alcance de una red que, de acuerdo con los indicios recabados por la UCO, habría desplegado una actividad continuada con el fin de proteger intereses políticos frente a la acción de la justicia.
