El PSOE remite a la investigación judicial la imputación de su gerente mientras sus socios exigen explicaciones

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha apelado este jueves al principio de presunción de inocencia y a la labor de los tribunales tras conocerse la imputación de la gerente del PSOE en el denominado «caso Leire Díez». Mientras la dirección socialista evita valoraciones políticas a la espera de pruebas judiciales, los socios parlamentarios del Ejecutivo, representados por Sumar y Podemos, han calificado la situación de «insostenible» y han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar explicaciones en sede parlamentaria.

En declaraciones realizadas en los pasillos de la Cámara Baja, López ha subrayado que debe ser la Justicia la que certifique con evidencias las investigaciones sobre la presunta financiación de una trama dedicada a atacar causas judiciales. Preguntado sobre la posible existencia de estructuras para desacreditar a jueces, periodistas o fiscales, el portavoz ha insistido en que en un Estado de derecho dichas afirmaciones solo pueden validarse mediante una investigación judicial rigurosa, evitando emitir opiniones sin conocimiento previo de las pruebas.

En una línea similar se ha pronunciado la portavoz de la formación, Montse Mínguez, quien ha remarcado que el momento actual requiere de una «colaboración absoluta con la Justicia». Estas reacciones se producen tras la citación como investigada de la actual gerente de la organización, en un escenario de creciente presión parlamentaria por el desarrollo de diversas causas que afectan al entorno de la formación mayoritaria del Gobierno.

Desde las filas de los socios de coalición, la postura ha sido notablemente más crítica. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, ha exigido que el PSOE ofrezca aclaraciones inmediatas ante lo que ha calificado como formas de actuar «no propias de una democracia avanzada». Ibáñez ha vinculado este episodio con otras novedades judiciales y ha considerado que el presidente Pedro Sánchez «tarda en venir al Congreso» para dar cuenta de unos hechos que, a su juicio, minan la confianza de los socios y la calidad democrática.

Pese a la contundencia de sus críticas, el representante de Compromís ha matizado que su formación mantendrá el apoyo parlamentario al Ejecutivo al considerar que «ahora mismo no hay otra cosa encima de la mesa». No obstante, ha lamentado que las informaciones conocidas afecten a la confianza que los socios depositan en el equipo que dirige la organización socialista.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado la situación de «absolutamente insostenible» para el Gobierno. Belarra ha equiparado la gravedad de los hechos investigados —en caso de confirmarse— con episodios de presunta utilización de recursos públicos en etapas anteriores, señalando que este tipo de actuaciones son igualmente graves con independencia del partido que las ejecute.

La controversia surge en una semana donde la actualidad judicial ha marcado la agenda parlamentaria, sumándose a las recientes informaciones sobre el caso Plus Ultra. Otras formaciones, como Coalición Canaria, también han expresado sus dudas sobre el conocimiento que la cúpula del Ejecutivo pudiera tener acerca de estas diligencias, incrementando la demanda de transparencia en la Cámara.