Saiz defiende la política migratoria como motor económico y «faro moral» ante el CTESC
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado este lunes el modelo de gestión migratoria del Gobierno de España durante la presentación del informe «La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas». En un acto celebrado en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), la titular de la cartera ha calificado la actual política migratoria, marcada por el proceso de regularización extraordinaria, como un «faro moral en el mundo» frente al avance de los discursos de odio.
Durante su intervención, Saiz ha aportado datos técnicos sobre el impacto que una reducción de los flujos migratorios tendría en la economía nacional. Según las estimaciones del Ministerio, si la llegada de personas migrantes disminuyera un 30% en los próximos años, España se enfrentaría a una pérdida del 22% de la renta por persona y una contracción del 14% de la renta global española. Asimismo, ha advertido sobre el riesgo de perder el 20% de la fuerza laboral dedicada a los cuidados y la posible desaparición de más de 220.000 explotaciones agrícolas anuales.
La presentación del informe ha contado con una amplia representación del tejido social y económico. Al acto han asistido los presidentes del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas; del CTESC, Ciriaco Hidalgo; de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de Pimec, Antoni Cañete. Por la parte sindical, han estado presentes los secretarios generales de UGT de Catalunya, Camil Ros, y de CC.OO. de Catalunya, Belén López. La apertura de la sesión ha corrido a cargo de la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo.
La ministra ha hecho hincapié en que una inmigración «bien gestionada» no solo es un imperativo ético, sino una «enorme oportunidad» para el desarrollo del país. En este sentido, ha defendido que el proceso de regularización extraordinaria en marcha es una herramienta clave para garantizar la inclusión y combatir la precariedad, reforzando la sostenibilidad del sistema de bienestar y de la Seguridad Social a largo plazo.
Finalmente, la responsable de Inclusión ha apelado a la responsabilidad institucional para confrontar los relatos contrarios a la inmigración con datos objetivos y políticas públicas eficaces. Saiz ha concluido que la aportación de la población extranjera es fundamental para equilibrar la pirámide demográfica y asegurar la viabilidad de sectores productivos esenciales que actualmente presentan un déficit de mano de obra.
