La PAU 2026 comienza en Madrid y Guadalajara con un modelo enfocado en el diseño competencial

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 ha dado comienzo este lunes en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Guadalajara, marcando el inicio de una convocatoria que se extenderá al resto de las comunidades autónomas a partir de mañana martes. Alrededor de 300.000 estudiantes en todo el territorio nacional se someterán a este examen, que en la presente edición consolida un modelo con mayor carga práctica y un avance hacia la armonización de criterios entre los distintos distritos universitarios.

El formato de examen actual mantiene la estructura de una fase de acceso obligatoria con validez indefinida y una fase de admisión voluntaria para mejorar la nota. Sin embargo, la principal novedad radica en la consolidación de un modelo de ejercicio único por asignatura y la relevancia de las preguntas competenciales. Según las directrices académicas, este tipo de contenidos puede alcanzar hasta el 70 % en la materia de Lengua Castellana y Literatura II, y oscilar entre el 50 % y el 100 % en Historia de España.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha desempeñado un papel fundamental en la homogeneización de la prueba. A través de su Comisión de Asuntos Estudiantiles, se ha consensuado una estructura común que siguen ya 15 autonomías al 70 %. Este acuerdo busca unificar el diseño competencial y la optatividad, estableciendo además recomendaciones específicas sobre la corrección ortográfica, sugiriendo una menor penalización en asignaturas técnicas como Matemáticas donde no se requiere la redacción de textos extensos.

En el caso específico de la Comunidad de Madrid, los criterios de corrección han sido ajustados. En la mayoría de las materias, la penalización máxima por ortografía será de un punto, comenzando a restar 0,10 puntos a partir del tercer error. En Lengua Castellana y Literatura II, la exigencia es superior, con una deducción máxima de dos puntos: las faltas restarán 0,25 puntos a partir de la segunda y se reserva un punto adicional para evaluar la coherencia, cohesión e incorrección gramatical del texto.

La seguridad y la integridad de las pruebas también se han reforzado este curso. La mayoría de las universidades españolas han implementado sistemas de radiofrecuencia destinados a detectar señales tecnológicas y dispositivos electrónicos que pudieran ser empleados para el fraude académico. Estas medidas de vigilancia, según informa la CRUE, se aplicarán de forma discreta y, en determinados centros, mediante controles aleatorios para no interferir en el desarrollo del examen de los alumnos.

En cuanto a la participación, Madrid registra la asistencia de 42.047 estudiantes en sus seis universidades públicas, lo que supone un incremento del 5,6 % respecto al año anterior. Por su parte, la Universidad de Alcalá (UAH) acoge a 1.500 alumnos procedentes de Guadalajara. En términos nacionales, Andalucía lidera la cifra de inscritos con 53.495 estudiantes, seguida de Cataluña con 45.821 y la Comunidad Canaria con una previsión de 30.615 alumnos.

La logística de las pruebas se verá condicionada en varias regiones por factores externos. En las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las autoridades han advertido de posibles restricciones de movilidad debido a la visita oficial del papa León XIV. Asimismo, en la Comunidad Valenciana se han decretado servicios mínimos del 100 % para garantizar el desarrollo de los exámenes frente a la huelga del profesorado, mientras que en La Rioja se ha adelantado el inicio de las sesiones matutinas para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Finalmente, los calendarios muestran ligeras variaciones territoriales. Mientras Madrid concluirá el 4 de junio, Castilla-La Mancha celebrará sus pruebas los días 8, 9 y 10 de junio, y Cataluña hará lo propio del 9 al 11 del mismo mes. Las comisiones organizadoras han recordado la obligatoriedad de presentar el DNI físico en sedes como Madrid y la recomendación de acudir a los campus con una antelación mínima de 30 minutos para asegurar un acceso escalonado a las aulas.