miércoles, junio 3, 2026
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Cargos del PSOE ocultan vínculos en el juicio a David Sánchez

La instrucción sobre la contratación de David Sánchez en Badajoz revela una estrategia de neutralidad técnica entre los testigos

La investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en la contratación y el desempeño profesional de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz ha entrado en una fase determinante tras las últimas comparecencias testificales. Durante las sesiones celebradas en sede judicial, diversos testigos clave han optado por enfatizar su condición de funcionarios y técnicos públicos, omitiendo de forma proactiva su vinculación orgánica con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta tendencia busca proyectar una imagen de estricta objetividad administrativa frente a las sospechas de prevaricación y tráfico de influencias que rodean el caso.

El núcleo de la controversia radica en determinar si la creación de plazas de alta dirección en la institución provincial respondió a necesidades organizativas legítimas o si, por el contrario, se diseñaron procesos a medida. Mientras que los comparecientes sostienen unánimemente que los procedimientos cumplieron con los requisitos de publicidad, mérito y capacidad, las acusaciones señalan que la coincidencia de intereses y militancia entre evaluadores y beneficiados podría haber distorsionado la concurrencia pública.

Uno de los testimonios que ha generado mayor controversia es el de José María Sánchez Sánchez, actual jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas. En su declaración, el funcionario defendió la legalidad del proceso que benefició a Luis Carrero, exasesor en Moncloa y vinculado al entorno de David Sánchez. A pesar de presentarse bajo su perfil técnico, Sánchez Sánchez omitió ante el juez su trayectoria de trece años como alcalde del PSOE en el municipio de La Coronada. Ante las contradicciones detectadas sobre el conocimiento previo de los candidatos y los tiempos del proceso, la acusación popular ha solicitado formalmente que se le investigue por presunto falso testimonio.

La cronología de los hechos es uno de los puntos más críticos del sumario. Un correo electrónico fechado el 30 de octubre de 2023 muestra cómo David Sánchez adelantaba planes de incorporación a Luis Carrero semanas antes de que las bases oficiales de la plaza fueran publicadas (22 de noviembre) y casi dos meses antes de su nombramiento formal. Esta prueba documental ha sido empleada para cuestionar la veracidad de la competencia en un concurso donde Carrero terminó siendo el único aspirante presentado.

Otras declaraciones han seguido una tónica similar en cuanto a la presentación de los perfiles profesionales. Estrella Gordillo compareció identificándose como enfermera, pese a haber abandonado la práctica sanitaria en 1999 para desarrollar una extensa carrera política como diputada provincial y concejala del PSOE en Mérida. Durante su interrogatorio, Gordillo terminó aportando detalles sobre las dinámicas internas del partido, incluyendo el apoyo del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo —actualmente investigado—, a corrientes orgánicas específicas en años previos.

Asimismo, la sala tomó declaración a Inmaculada López Bueno, exjefa de Recursos Humanos durante el periodo en que se fraguó la plaza para el hermano del presidente del Gobierno. López Bueno, que ocupaba un puesto de confianza bajo el mandato de Gallardo, desempeña actualmente la jefatura de la Oficina de Atención a Alcaldes. Su testimonio se centró en avalar la corrección formal de los expedientes administrativos tramitados por la corporación pacense.

Finalmente, resultó llamativa la comparecencia de Ramón Díaz, quien inicialmente se identificó ante el tribunal únicamente como veterinario. Ante el requerimiento del magistrado para precisar su ocupación actual, el testigo reconoció ser vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva del Fresno por el PSOE. Este patrón de declaraciones subraya la tensión entre la defensa de la legalidad técnica de los actos administrativos y la realidad política subyacente que la autoridad judicial intenta deslindar en esta instrucción.

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