La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene bajo investigación la gestión del comisario principal Jesús María Gómez Martín durante su etapa al frente del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Las pesquisas, enmarcadas en el denominado caso Plus Ultra, analizan presuntas irregularidades relacionadas con el trato de favor a empresarios y personalidades, así como la supuesta inacción de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ante las denuncias internas presentadas por subordinados entre los años 2021 y 2022.
Según la documentación integrada en el procedimiento, un inspector de policía denunció formalmente una serie de actuaciones ilícitas que habrían sido ordenadas por el entonces mando de Barajas. Entre los hechos señalados figuran el trato preferencial en los trámites de cruce de fronteras para determinadas personas, la tramitación irregular de autorizaciones de desplazamiento para ciudadanos extranjeros durante las restricciones de la pandemia y el uso de instalaciones policiales y estacionamientos oficiales por parte de empresarios particulares vinculados al comisario.
La investigación de la UDEF sugiere que estas facilidades podrían haber incluido la entrada de ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requisitos legales y, en algunos casos, la modificación de historiales policiales. Los investigadores rastrean ahora si estas acciones se tradujeron en gratificaciones o pagos económicos hacia el responsable policial, quien actualmente desempeña el cargo de jefe superior de Policía en las Islas Canarias.
El trasfondo de la denuncia revela que la Jefatura Superior de Madrid tuvo conocimiento de estas anomalías al menos desde marzo de 2022, cuando el inspector afectado elevó una nota informativa detallada al jefe operativo territorial. Sin embargo, en lugar de abrir una investigación interna, la institución procedió al traslado forzoso del denunciante a la Comisaría de Chamartín. Esta decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que apreció una «desviación de poder» y una intención de alejar al agente por los conflictos derivados de sus advertencias sobre la gestión de la frontera.
Dentro de la trama empresarial bajo sospecha aparece el nombre de Miguel Palomero, abogado vinculado a la aerolínea Plus Ultra. Los informes policiales indican que Palomero habría mantenido una relación personal con el comisario para obtener permisos de entrada para trabajadores de sus sociedades en agosto de 2020. Asimismo, se investiga el uso del aparcamiento oficial del aeropuerto como un servicio privado para vehículos de terceros ajenos a la función policial.
La situación profesional de Jesús María Gómez Martín, conocido también por haber dirigido el operativo policial durante la escala en Madrid de la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, se encuentra en una fase crítica. Fuentes de la Dirección General de la Policía indican que su continuidad al frente de la Jefatura de Canarias depende de la evolución de las diligencias judiciales en la Audiencia Nacional. Aunque el mando ha defendido su inocencia ante sus superiores, en el seno del Cuerpo se anticipa un posible relevo o cese en caso de que se produzca una imputación formal por parte del juez instructor.
