El sumario del caso Leire Díez apunta a que la directora de la Guardia Civil conocía la campaña contra la UCO

Las actuaciones judiciales del denominado «caso Leire Díez» recogen testimonios de altos mandos de la Guardia Civil que sostienen que la directora general del Cuerpo, Mercedes González, fue advertida hace más de un año sobre una presunta trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Según los informes de la investigación, González habría mantenido diversos encuentros con Díez, vinculada al PSOE, en los que supuestamente se planteó la apertura de investigaciones internas contra agentes encargados de pesquisas de corrupción que afectan a miembros del partido y al entorno de la Presidencia del Gobierno.

El sumario, al que han tenido acceso diversas fuentes jurídicas, incluye la declaración como testigo del general de brigada Rafael Yuste, exjefe de la UCO. Yuste afirmó ante los investigadores que en mayo de 2023 se elaboró una «nota de despacho» informando de que Leire Díez pretendía ejercer influencia sobre la dirección del Cuerpo para iniciar una campaña de descrédito contra la unidad de élite. Según este testimonio, la gravedad de los hechos fue comunicada a la cadena de mando con el fin de informar a las autoridades judiciales, un extremo que, según el general, nunca le constó que llegara a producirse.

La versión de Yuste coincide con la ofrecida por el general Alfonso López Malo, responsable de la Jefatura de Policía Judicial. López Malo detalló en sede judicial que, al intentar informar al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, sobre la connivencia de Díez con la dirección, este le manifestó que Mercedes González ya estaba al tanto de la situación. Como prueba de ello, se le habría hecho entrega de un informe previo de la Jefatura de Información, fechado en abril de 2023, donde se alertaba de que la trama contaba supuestamente con el respaldo de altos cargos orgánicos del PSOE.

El relato contenido en la causa judicial describe un contraste en el proceder de la dirección de la Guardia Civil. Mientras que las alertas sobre la campaña de injerencia externa no habrían derivado en denuncias ante la Fiscalía, la cúpula del Cuerpo sí impulsó hasta tres informaciones reservadas contra el entonces jefe de la UCO por presuntas filtraciones a los medios de comunicación. Estos expedientes internos, que finalmente no prosperaron, son interpretados por los investigadores como una vía de presión para obstaculizar las causas judiciales en curso.

Asimismo, el general Yuste reveló presiones directas relacionadas con las investigaciones sobre el entorno del presidente del Gobierno. Según su testimonio, el teniente general Manuel Llamas le habría dado instrucciones en julio de 2024 para que los agentes «se pusieran de perfil» y no mostraran proactividad en las pesquisas que afectaban a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, instando a la unidad a esperar exclusivamente a los requerimientos de la autoridad judicial.

Desde el Ministerio del Interior y el Palacio de la Moncloa se ha rechazado cualquier irregularidad en la gestión de la directora general. Fuentes gubernamentales admiten que Mercedes González mantuvo contactos con Leire Díez, pero sostienen que estos no se produjeron en su calidad de directora y que cualquier relación se interrumpió en el momento en que se detectaron intenciones ajenas al buen funcionamiento de la institución. El Gobierno insiste en la legalidad de los procedimientos internos y desvincula a la cúpula de cualquier intento de torpedear las investigaciones de la UCO.

El caso, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, continúa analizando la obtención de información sensible por parte de personas investigadas y la posible revelación de secretos. La investigación también ha derivado en la suspensión reciente de un capitán de la Guardia Civil, anteriormente destinado en la UCO, por su presunta implicación en esta red de captación de información confidencial.