El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid mantiene la investigación contra el periodista Pere Rusiñol por presunto cohecho
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, bajo la dirección del magistrado Arturo Zamarriego, mantiene abierta una investigación contra el periodista Pere Rusiñol, cofundador de la revista Mongolia, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Las actuaciones judiciales se enmarcan en el denominado «caso Leire Díez», en el que se indaga una supuesta red dedicada a la obtención de información sensible de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según consta en las diligencias del sumario, Rusiñol habría actuado presuntamente como intermediario ante el fiscal José Grinda. La investigación sostiene que el periodista entregó al representante del Ministerio Público un documento con una oferta de ascenso o traslado profesional a cambio de información reservada sobre su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón, así como el archivo de determinadas causas judiciales en curso.
El sumario, que ha trascendido recientemente, incluye comunicaciones entre Pere Rusiñol y la exmilitante socialista Leire Díez. Los investigadores destacan el uso de un lenguaje velado en estos contactos; tras una de las reuniones con el fiscal Grinda, el periodista habría comunicado a Díez que «no había agua, al menos de momento», expresión que la instrucción vincula con el resultado de las gestiones para influir en los procedimientos judiciales.
La tesis de la investigación apunta a una supuesta «actuación delictiva, continuada y coordinada» que implicaría también a la propia Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset. El objetivo de esta trama sería la obtención de datos comprometedores de mandos de la UCO y de fiscales como el propio José Grinda o Ignacio Stampa, con la presunta finalidad de obstaculizar investigaciones relacionadas con el entorno político del actual Gobierno.
Por su parte, Pere Rusiñol ha negado de forma reiterada su participación en cualquier tipo de soborno o tráfico de influencias. El periodista sostiene que sus encuentros con el fiscal Grinda se circunscriben exclusivamente al ámbito del ejercicio profesional periodístico, con el fin de contrastar informaciones. En febrero de 2024, la defensa de Rusiñol solicitó el archivo de las actuaciones en su contra, petición que no ha sido atendida por el juzgado instructor, que mantiene el procedimiento abierto.
La situación procesal de Rusiñol ha generado una notable repercusión debido a su trayectoria pública. El periodista ha sido un colaborador habitual en medios como elDiario.es o Alternativas Económicas, donde ha mantenido una postura crítica contra las denominadas «cloacas del Estado» y las maniobras de inteligencia para influir en la justicia. Actualmente, los investigadores tratan de determinar si sus acciones correspondían a una labor informativa o si, como sostiene el Ministerio Fiscal y el juzgado, formaban parte de una red de intermediación ilícita.
