La Audiencia Nacional investiga si la comparecencia de Villalobos en el Congreso fue pactada con la trama Leire
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la intervención del exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, en la comisión parlamentaria sobre la denominada «Operación Cataluña» formó parte de una estrategia orquestada por la presunta trama liderada por Leire Díez. El magistrado busca determinar si se ofrecieron gestiones administrativas ante el Gobierno a cambio de declaraciones judiciales y parlamentarias que desacreditaran a jueces encargados de causas que afectan al entorno del Ejecutivo.
En el marco de estas diligencias, el juez ordenó el pasado lunes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en el Ministerio de Justicia. El objetivo de la diligencia es recabar información técnica y administrativa sobre el estado del expediente de nacionalidad española solicitado por Villalobos, tras detectarse indicios de que la red de Leire Díez habría prometido agilizar dicho trámite para asegurar la colaboración del exdirigente chavista en sede parlamentaria.
El testimonio parlamentario bajo sospecha
Nervis Villalobos compareció el 24 de noviembre de 2024 ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Durante su intervención, el exviceministro venezolano arremetió contra el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acusándolo de vulnerar sus derechos fundamentales en causas anteriores. El juez Peinado es el encargado de instruir la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde abril del mismo año.
La investigación judicial sostiene que Leire Díez y el abogado Ismael Oliver habrían mantenido reuniones previas con Villalobos para coordinar esta declaración. Según las pesquisas de la Audiencia Nacional, el propósito era que el compareciente denunciara públicamente haber sido víctima de una presunta actuación irregular del juez Peinado, reforzando así el relato de las supuestas «cloacas del Estado» en un momento de especial sensibilidad judicial para el entorno del PSOE.
Promesas administrativas y estructura de partido
El magistrado Santiago Pedraz investiga si para estos fines se puso a disposición de la trama «toda la estructura del partido» a través de gestiones que implicarían al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los indicios sugieren que, a cambio de su testimonio contra el juez Peinado, se le prometió a Villalobos la obtención de la nacionalidad española y la reactivación de cuentas bancarias bloqueadas, recurriendo para ello a presuntos contactos en diversos ministerios y el Banco de España.
En las comunicaciones analizadas por los investigadores, el abogado de Villalobos habría solicitado gestiones ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio para la Transformación Digital, entonces bajo la dirección de José Luis Escrivá. No obstante, la documentación oficial revela que el Ministerio de Justicia denegó inicialmente la nacionalidad por residencia a Villalobos en octubre de 2024. El exmandatario venezolano finalmente obtuvo el pasaporte español en abril del año siguiente acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, debido a la ascendencia española de sus abuelos.
Respuesta institucional y rechazo de solicitudes
Pese a las supuestas promesas de la trama, la información recabada indica que las gestiones paralelas no surtieron el efecto deseado ante los organismos oficiales. Además de la denegación inicial de la nacionalidad por la vía ordinaria, el Banco de España rechazó el pasado agosto intervenir en el desbloqueo de las cuentas bancarias de Villalobos, alegando que la institución no posee competencias para inmiscuirse en actuaciones judiciales o de otras instancias administrativas.
La instrucción continúa centrándose en el análisis de las agendas de Leire Díez y en las comunicaciones intervenidas, con el fin de delimitar el alcance de la red y si existió una voluntad sistemática de utilizar las instituciones públicas para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaran a intereses políticos específicos.
