Interior confirmó un servicio de contravigilancia a Leire Díez durante la investigación de la UCO
El Ministerio del Interior ha reconocido la activación de un dispositivo de contravigilancia sobre Leire Díez, implicada en el denominado «caso SEPI», durante los meses de junio y agosto de 2025. Esta medida, ejecutada por agentes de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional, coincidió temporalmente con las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollaba sobre la propia Díez y otros integrantes de la trama por presuntas irregularidades en la gestión de rescates públicos.
La confirmación de este servicio de seguridad se produjo tras una comparecencia en el Senado, donde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska precisó la naturaleza de la protección brindada. Según fuentes próximas a la investigación, la labor de contravigilancia se diferencia de una escolta convencional en que su objetivo principal es detectar si el sujeto está siendo sometido a seguimientos físicos o monitorización electrónica por parte de terceros, una circunstancia que ha generado suspicacias en el seno de la Guardia Civil dada la coincidencia con sus pesquisas judiciales.
La solicitud de protección fue formulada por la propia Díez a principios de junio de 2025, tras una comparecencia pública en la que se produjo un enfrentamiento con el empresario Víctor de Aldama. Aunque en un primer momento el Ministerio denegó la concesión de una escolta dinámica o estática, finalmente optó por desplegar el equipo de contravigilancia. Esta decisión administrativa se mantuvo vigente hasta agosto de ese mismo año, periodo en el cual Interior asegura que no se detectaron amenazas reales sobre la solicitante.
La revelación de estas medidas ha provocado un notable malestar en diversos sectores de la Policía Nacional. Miembros de la Brigada Central de Escoltas han calificado la situación de «singular», argumentando que este tipo de operativos suelen reservarse para altos cargos o testigos bajo protección judicial específica. Por su parte, organizaciones sindicales como Jupol han criticado lo que consideran un uso injustificado de recursos públicos en un contexto de marcado carácter político y sin el aval previo de un juzgado de instrucción.
Desde el Ministerio del Interior se defiende la legalidad de la actuación, subrayando que se siguieron los protocolos habituales coordinados por la Secretaría de Estado de Seguridad para este tipo de peticiones. No obstante, las fechas del operativo han intensificado el debate institucional, ya que los agentes de la UCO mantenían el foco sobre Díez desde marzo de 2025, tras recabar testimonios que la vinculaban con la operativa de la trama dedicada presuntamente al cobro de comisiones ilegales.
Díez intentó renovar el servicio de contravigilancia en noviembre de 2025 tras denunciar nuevas comunicaciones sospechosas. Sin embargo, en esa segunda ocasión, la valoración técnica del riesgo por parte de los analistas policiales resultó «muy baja», lo que derivó en la desestimación definitiva de cualquier medida de seguridad adicional por parte de la Administración.
