El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional con el objetivo de evitar la entrega de las actas notariales correspondientes a la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco. Esta acción legal, dirigida contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), busca anular la obligatoriedad de facilitar dicha documentación a los solicitantes amparados en la Ley de Transparencia.
El conflicto jurídico tiene su origen en una reclamación presentada en junio de 2025, en la que se solicitaba copia de las actas levantadas por la entonces ministra de Justicia en su calidad de notaria mayor del Reino durante el proceso ejecutado en octubre de 2019. El departamento que dirige Félix Bolaños sostiene que estos documentos forman parte del protocolo notarial y que, por tanto, su acceso debe regirse exclusivamente por el Reglamento del Notariado y no por la normativa general de transparencia.
Por el contrario, el Consejo de Transparencia desestimó la argumentación gubernamental al considerar que las actas no constituyen una escritura pública en sentido estricto, sino documentos integrados en el expediente administrativo de ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros. Según el organismo independiente, la intervención de la notaria mayor del Reino fue una condición fijada expresamente para la ejecución material del traslado, lo que vincula los documentos al procedimiento administrativo común regulado por la Ley 39/2015.
En su resolución, el Consejo advirtió que aceptar la tesis del Ministerio permitiría a la Administración excluir de la fiscalización pública cualquier actuación que fuera documentada mediante acta notarial, creando un espacio de opacidad no previsto en la legislación. Asimismo, subrayó el «urgente y excepcional interés público» que el propio Ejecutivo otorgó a la operación de exhumación, lo que refuerza el derecho de la ciudadanía a conocer los detalles del proceso documental.
El Ministerio de Justicia ha recurrido a la vía judicial a través del recurso 421/2026 para mantener la negativa a la entrega de la información, alegando que el procedimiento correcto para obtener estas copias es el establecido en el artículo 224 del Reglamento del Notariado. Esta normativa impone requisitos más restrictivos que la Ley de Transparencia para el acceso a protocolos notariales.
La decisión final de la Audiencia Nacional tendrá una trascendencia institucional que supera el caso concreto de la exhumación de Franco. El tribunal deberá dirimir si prevalece la normativa específica del Notariado o si, por el contrario, los documentos notariales que fundamentan una actuación pública deben someterse al régimen general de acceso a la información previsto en la Ley 19/2013, fijando así un criterio para futuros expedientes administrativos formalizados ante notario.
